Senado debatirá creación de juzgados especializados ante alarmantes cifras de feminicidios
Las estadísticas del Ministerio Público reflejan un promedio de una mujer asesinada cada 11 días durante ese periodo.
La propuesta legislativa busca fortalecer la respuesta del sistema judicial mediante la creación de órganos con competencia específica para intervenir en situaciones de violencia de género, disponer medidas de protección y atender procesos relacionados con feminicidios, violencia familiar y delitos contra la autonomía sexual.
El tratamiento está previsto para la sesión ordinaria del miércoles, a partir de las 9:00, siempre que las comisiones asesoras correspondientes emitan los dictámenes necesarios para su consideración.
El planteamiento retoma una iniciativa que ya había atravesado el Congreso Nacional, pero que terminó siendo vetada por el Poder Ejecutivo en 2025. Durante aquella tramitación se introdujeron modificaciones que, de acuerdo con los antecedentes legislativos, alteraron aspectos fundamentales de la propuesta original y dificultaban su aplicación.
La senadora Lilian Samaniego, una de las impulsoras del proyecto, recordó que durante 2024 se había alcanzado un entendimiento con representantes del Ejecutivo para comenzar con cinco juzgados especializados, distribuidos en las zonas con mayor concentración de denuncias por violencia contra las mujeres.
Aquel acuerdo contemplaba dos dependencias judiciales en el departamento Central, otras dos en Alto Paraná y una en Asunción. Sin embargo, el texto experimentó cambios durante su tratamiento parlamentario y finalmente no llegó a convertirse en ley.
Ante la nueva oportunidad de discusión, Samaniego solicitó a los legisladores que anteriormente se opusieron a la iniciativa reconsiderar sus posiciones y examinar los antecedentes que llevaron al fracaso del primer intento.
La versión que será sometida a consideración establece una organización judicial más amplia, cuya implementación se desarrollaría en distintas etapas y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
En una primera fase se contempla la habilitación de tres juzgados especializados en Asunción, cuatro en el departamento Central y uno en Alto Paraná. Posteriormente, la estructura deberá extenderse progresivamente a las cabeceras departamentales, con un plazo máximo de siete años para alcanzar la cobertura prevista.
El proyecto también incorpora la creación de tribunales de Sentencia especializados, con dos dependencias en la capital, dos en Central y una en Alto Paraná. A estas se sumarían juzgados de Ejecución y tribunales de Apelación, inicialmente concentrados en Asunción y Central, con posibilidades de ampliación hacia otras regiones.
Entre las ciudades contempladas para las siguientes etapas figuran Encarnación, Villarrica, Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Coronel Oviedo, además de otras localidades del territorio nacional.
La ejecución de estas disposiciones estará condicionada a los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Determinados órganos deberán constituirse inmediatamente después de la entrada en vigencia de la normativa, mientras que otras dependencias se incorporarían durante los ejercicios fiscales de 2027, 2028 y 2029.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta consiste en otorgar a los nuevos juzgados atribuciones para intervenir rápidamente cuando una mujer denuncie situaciones de violencia y requiera protección judicial.
Los magistrados especializados podrán disponer y ejecutar medidas cautelares destinadas a resguardar la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y económica de las víctimas. También tendrán facultades para examinar las medidas previamente adoptadas por los juzgados de Paz.
La competencia de estos órganos comprenderá igualmente los procesos penales vinculados con hechos de feminicidio, violencia familiar y delitos contra la autonomía sexual, así como determinadas reclamaciones por daños y perjuicios derivados de situaciones de violencia.
En aquellos distritos donde todavía no se encuentren habilitados los juzgados especializados, los jueces de Paz conservarán la posibilidad de establecer medidas urgentes de protección conforme a la legislación vigente, debiendo remitir posteriormente las actuaciones a la jurisdicción correspondiente.
La iniciativa incorpora, además, exigencias específicas de capacitación para los profesionales que desempeñarán funciones dentro de esta nueva estructura judicial.
Quienes aspiren a cargos en la magistratura especializada y en sus órganos auxiliares deberán acreditar una formación mínima de 120 horas cátedra en derechos humanos, con especial atención a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Asimismo, cada juzgado especializado deberá contar, como mínimo, con un profesional de Psicología y otro de Trabajo Social. El texto también contempla la incorporación de especialistas en Psiquiatría cuando las necesidades del servicio lo requieran.
El Poder Judicial tendrá la responsabilidad de impulsar programas de capacitación, proporcionar instalaciones adecuadas y asegurar que las mujeres que recurran a estas dependencias reciban información sobre sus derechos y los mecanismos de asistencia disponibles.
La normativa establece igualmente disposiciones para garantizar que las víctimas sean informadas sobre las audiencias y las resoluciones judiciales que concluyan los procedimientos, de manera que puedan ejercer efectivamente sus derechos durante la tramitación de las causas.
El debate legislativo se desarrollará mientras las estadísticas oficiales continúan evidenciando la magnitud de la violencia contra las mujeres en Paraguay.
De acuerdo con los registros del Ministerio Público, entre enero de 2023 y el 9 de octubre de 2026 se contabilizaron 130 víctimas de feminicidio. Durante el periodo correspondiente a 2026, hasta la fecha del último informe, se habían registrado 20 asesinatos de mujeres por razones de género y otras 28 tentativas.
Los hechos también dejaron consecuencias directas sobre los entornos familiares. Solamente durante 2026, un total de 36 hijos e hijas quedaron huérfanos como consecuencia de los feminicidios, de los cuales 26 son menores de edad.
El departamento Central presenta una de las situaciones más graves, al concentrar 12 de los 20 feminicidios contabilizados durante el año, lo que representa el 60% de los casos registrados a nivel nacional hasta el 9 de octubre.
Los informes fiscales también identifican que una proporción importante de los agresores corresponde a parejas o exparejas de las víctimas y que numerosos crímenes se producen dentro de las propias viviendas.
La iniciativa legislativa cuenta con el impulso de los senadores Lilian Samaniego, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Juan Afara y Arnaldo Samaniego, quienes promueven la instalación de una estructura judicial destinada específicamente a la atención de estos hechos.
Con estos antecedentes, el Senado deberá pronunciarse nuevamente sobre una propuesta que ya fue objeto de discusión y veto, mientras persiste la demanda de mecanismos judiciales especializados para proteger a las mujeres y atender los casos de violencia que se registran en el país.
EL NACIONAL
