Rolón acude a la ONU por presunta persecución política y judicial tras su renuncia y denuncia penal
El exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, remitió este viernes 20 de noviembre una comunicación de 14 páginas a la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que expone una serie de acontecimientos que considera parte de un patrón de persecución política, judicial y mediática en su contra.
La presentación internacional se produce tres días después de su renuncia al Ministerio Público y tras la denuncia penal promovida por la senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejo, quienes cuestionan su actuación en las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank.
En el documento, Rolón vincula las presiones que asegura haber sufrido durante su gestión, las circunstancias de su salida y la posterior acción penal de las legisladoras. A su criterio, estos acontecimientos no constituyen hechos aislados, sino una sucesión de represalias destinadas a afectar su independencia y responsabilizarlo penalmente por decisiones investigativas.
¿Por qué acudió a las Naciones Unidas?
Rolón sostiene que su presentación internacional tiene una finalidad preventiva: poner en conocimiento de la Relatoría lo que considera una situación de riesgo para la independencia del Ministerio Público y para sus propias garantías procesales.
El escrito describe presuntas injerencias políticas y mediáticas, cuestionamientos a decisiones fiscales y un intento de utilizar el derecho penal como mecanismo de represalia, práctica que identifica con el término lawfare.
Sin embargo, el exfiscal general aclara expresamente que no solicita a la ONU la suspensión automática de expedientes judiciales en Paraguay ni su restitución en el cargo.
Su pedido consiste en que el organismo internacional observe la situación y exhorte al Estado paraguayo a garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de las investigaciones fiscales.
También deja abierta la posibilidad de recurrir posteriormente a otras instancias internacionales si considera que persisten o se concretan vulneraciones de sus derechos.
Las presiones que, según Rolón, marcaron su gestión
Uno de los principales argumentos de la comunicación es que la crisis relacionada con Ueno Bank generó fuertes cuestionamientos hacia el Ministerio Público.
Rolón afirma que distintos sectores políticos y mediáticos exigían respuestas inmediatas de la Fiscalía, incluyendo imputaciones y medidas restrictivas de libertad.
Frente a esos reclamos, sostiene que su obligación como fiscal general era garantizar que las investigaciones avanzaran sobre la base de elementos objetivos y suficientes, sin someter las decisiones del Ministerio Público a presiones externas.
Según su exposición, las investigaciones requerían informes técnicos especializados, elementos concretos de sospecha y, cuando correspondiera, cooperación jurídica internacional antes de formular determinadas imputaciones.
El exfiscal general considera que exigir ese sustento probatorio no constituye una forma de encubrimiento u obstrucción, sino una obligación derivada del respeto a las garantías constitucionales.
El trato otorgado a Santiago Peña, otro punto de conflicto
La comunicación también aborda la actuación de Rolón durante el procesamiento y la detención del expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones vinculadas con Ueno Bank.
El exfiscal general sostiene que, por tratarse de un antiguo jefe de Estado detenido en un contexto de fuerte confrontación política, correspondía adoptar medidas especiales para proteger su integridad física, seguridad personal y trato digno.
Según su versión, algunos sectores reclamaban que Peña fuera exhibido públicamente esposado y recluido junto con presos comunes.
Rolón argumenta que atender esas exigencias habría podido comprometer la seguridad del detenido y vulnerar obligaciones de protección de los derechos humanos.
En ese sentido, afirma que las medidas adoptadas para resguardar al expresidente provocaron nuevas críticas y represalias contra su gestión.
El documento invoca disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Nelson Mandela, relativas al trato humano y digno de las personas privadas de libertad.
Estas afirmaciones forman parte de la interpretación presentada por Rolón ante la Relatoría y no constituyen conclusiones de un organismo internacional.
La renuncia del 17 de noviembre: asegura que fue forzada
Otro de los puntos centrales del escrito es la salida de Rolón de la Fiscalía General del Estado.
El exfiscal general sostiene que presentó su renuncia el 17 de noviembre de 2026, después de enfrentar un clima de presiones políticas y mediáticas que, según afirma, le impedía continuar ejerciendo sus funciones con independencia.
En su presentación menciona cuestionamientos públicos, publicaciones que considera falsas y el impulso de un juicio político en la Cámara de Diputados.
Rolón sostiene que estos acontecimientos configuraron un escenario de hostigamiento institucional que terminó provocando su dimisión.
También cuestiona el procedimiento utilizado para que Alba Rocío Cantero Vera asumiera la conducción del Ministerio Público.
En particular, afirma que su renuncia fue dirigida al Poder Ejecutivo y que, según su interpretación, no había recibido una respuesta formal cuando se produjo la juramentación de su sucesora.
Además, plantea reparos sobre la ausencia de un procedimiento de selección y designación equivalente al previsto constitucionalmente para el cargo de fiscal general.
Se trata de cuestionamientos jurídicos formulados por Rolón, no de irregularidades establecidas mediante una resolución judicial.
La denuncia de Paredes y Vallejo: ¿por qué la considera una represalia?
Después de su renuncia, la senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejo presentaron una denuncia penal contra Rolón por su actuación en las investigaciones relacionadas con Ueno Bank.
La denuncia menciona provisoriamente los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, asociación criminal y tráfico de influencias.
Rolón sostiene que la acción busca responsabilizarlo por decisiones investigativas que, según su defensa, correspondían a criterios técnicos y jurídicos.
En su comunicación a la ONU, también cuestiona que las legisladoras hayan dirigido sus señalamientos contra él sin denunciar a los agentes fiscales encargados directamente de las diligencias.
Para el exfiscal general, esa circunstancia refuerza su interpretación de que la denuncia tiene una motivación personal y política.
Asimismo, atribuye a una de las denunciantes vínculos personales y políticos con una persona procesada durante su gestión, circunstancia que presenta como un posible conflicto de intereses.
Estas afirmaciones sobre las motivaciones de las legisladoras son alegaciones de Rolón y no permiten establecer, por sí solas, que la denuncia penal constituya una represalia.
Rolón también presentó un descargo ante la Fiscalía
Paralelamente a su comunicación internacional, Rolón presentó un escrito de defensa ante el Ministerio Público en respuesta a la denuncia de las legisladoras.
En ese documento solicita la desestimación por atipicidad, con fundamento en el artículo 305 del Código Procesal Penal.
Esto significa que sostiene que, incluso considerando los hechos atribuidos en la denuncia, estos no reúnen los elementos necesarios para configurar los delitos invocados.
Su defensa rechaza que haya existido una conducta destinada a impedir las investigaciones del caso Ueno Bank o a favorecer a personas vinculadas con las causas.
Rolón argumenta que, durante su gestión, el Ministerio Público desarrolló numerosas actuaciones investigativas, entre ellas imputaciones, detenciones, allanamientos y medidas de aseguramiento patrimonial.
También menciona la custodia policial de instalaciones financieras desde el 3 de noviembre y la activación de mecanismos internacionales para el rastreo de activos.
Según su posición, estos procedimientos contradicen la acusación de que las investigaciones fueron deliberadamente obstaculizadas.
¿Quién decidía los allanamientos y las diligencias?
Uno de los argumentos centrales de la defensa consiste en diferenciar las funciones del fiscal general de las responsabilidades operativas de los agentes fiscales.
Rolón sostiene que, como titular del Ministerio Público, ejercía atribuciones de coordinación institucional y definición de prioridades.
Sin embargo, afirma que la dirección operativa de cada investigación correspondía a los fiscales asignados, quienes debían decidir las diligencias de acuerdo con las evidencias disponibles y las necesidades de cada causa.
Desde esa perspectiva, argumenta que el momento de realizar un allanamiento o formular una imputación no puede determinarse exclusivamente por exigencias políticas o mediáticas.
También rechaza que se haya demostrado la pérdida o destrucción concreta de elementos probatorios como consecuencia de sus decisiones.
Por ello, insiste en que no existen fundamentos para atribuirle una conducta penalmente relevante y solicita que la denuncia sea desestimada.
La presentación de este descargo no significa que la Fiscalía haya aceptado sus argumentos ni que la denuncia haya sido archivada.
¿Qué solicita concretamente a la ONU?
En el petitorio de su comunicación, Rolón formula tres solicitudes principales.
Primero, pide que la Relatoría Especial tenga por recibida su presentación y considere los antecedentes expuestos sobre la independencia fiscal y sus garantías individuales.
Segundo, solicita que ejerza sus funciones de observación y exhorte formalmente al Estado paraguayo a respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia funcional de las investigaciones.
Tercero, pide que se mantenga el seguimiento institucional del caso y que la comunicación sea registrada en los informes correspondientes.
El exfiscal general también plantea que las decisiones destinadas a proteger la dignidad de personas detenidas y la exigencia de pruebas suficientes no deberían convertirse en motivos de persecución penal.
¿La ONU ya abrió una investigación contra Paraguay?
La documentación incluye una constancia de correo electrónico que acredita el envío de la comunicación el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 13:35, a la dirección institucional de la Relatoría Especial.
No obstante, el envío de una comunicación no significa que la ONU haya iniciado una investigación, admitido formalmente una denuncia o emitido un pronunciamiento contra el Estado paraguayo.
La presentación constituye una solicitud de observación internacional sobre presuntas vulneraciones de garantías.
Tampoco equivale a una demanda presentada ante un tribunal internacional ni a una resolución que determine responsabilidad del Estado.
Dos presentaciones, un mismo argumento de defensa
Aunque la comunicación ante Naciones Unidas y el descargo presentado ante la Fiscalía son actuaciones diferentes, ambas responden a una misma línea argumental de Rolón.
En Paraguay, busca que se desestime la denuncia penal porque considera que los hechos atribuidos no constituyen delitos y que no existió obstrucción de las investigaciones.
En el ámbito internacional, solicita que se observe lo que describe como una secuencia de presiones y represalias que habría comenzado durante su gestión, continuado con su renuncia y culminado con la denuncia penal.
La Relatoría no ha emitido, según la documentación disponible, un pronunciamiento sobre sus señalamientos. Del mismo modo, no consta una resolución fiscal sobre su pedido de desestimación.
De esta manera, Rolón trasladó al ámbito internacional su preocupación por las presuntas presiones políticas y judiciales, mientras intenta responder dentro del sistema penal paraguayo a las acusaciones formuladas en su contra.
ÑANDUTI