Ueno: escribana ingresó a la ex Tacumbú para formalizar poder de Miguel Vázquez
La escritura fue otorgada el 6 de noviembre y designó a seis abogados con amplias facultades de representación. El documento se firmó en medio de las medidas cautelares dictadas en el caso Ueno Bank y de los controles que el Banco Central del Paraguay y la Fiscalía comunicaron al Registro Unificado Nacional (RUN).
Una escribana ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú) para formalizar un poder general judicial y administrativo otorgado por el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, actualmente recluido en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.
El documento fue suscrito en representación de la presidencia del Grupo Vázquez S.A., pese a las medidas cautelares que pesaban sobre el procesado y las empresas vinculadas a su conglomerado empresarial.
Se trata de la Escritura Pública N.º 232, correspondiente a un Poder General para Asuntos Judiciales y Administrativos, otorgada el 6 de noviembre. El instrumento fue autorizado por la escribana María Teresa López de Aponte.
Otorgó poder el día que ingresó a la ex Tacumbú
Vázquez actuó en su carácter de presidente de la firma Grupo Vázquez Sociedad Anónima Emisora y otorgó mandato a seis abogados para que ejerzan la representación de la empresa de manera conjunta, separada o indistinta. La escritura fue formalizada dentro del establecimiento penitenciario, donde el empresario había ingresado ese mismo día por disposición judicial.
El otorgamiento del poder se produjo en un escenario particularmente sensible: el 5 de noviembre, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, había ordenado la prisión preventiva de Vázquez y dispuesto medidas cautelares sobre sus bienes. Además, el 6 de noviembre, el magistrado amplió las restricciones patrimoniales a otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez.
Seis abogados recibieron amplias facultades de representación
Los profesionales designados como apoderados son Milner Alfonso Sosa Silva, Dulce María Sosa Silva, Willians Dante Justiniano, Ricardo Miguel Fernández Olmedo, Isamar Rossana Fariña Sosa y Mauricio Javier Ozuna Samudio. El documento les permite actuar en representación de la sociedad ante distintas instancias judiciales y administrativas.
Entre las atribuciones conferidas figuran promover y contestar demandas, presentar escritos y documentos, desistir de acciones o procesos, allanarse, oponer excepciones, reconvenir, recusar magistrados y participar en juicios orales. También podrán representar a la firma ante jueces, tribunales, dependencias del Ministerio de Justicia y autoridades administrativas.
La escritura contempla, además, facultades para solicitar embargos preventivos o definitivos, inhibiciones y sus respectivos levantamientos, deducir tercerías, intimar desalojos, solicitar declaraciones de quiebra o concurso y someter controversias a arbitraje o amigables componedores.
Promover acciones de inconstitucionalidad
Otro aspecto relevante es que los apoderados quedaron facultados para promover acciones y excepciones de inconstitucionalidad, otorgar y firmar instrumentos públicos y privados, realizar intimaciones mediante cartas documento, actas notariales o telegramas y retirar órdenes de pago y cheques judiciales.
La escritura incorpora una cláusula expresa según la cual el mandato no se entenderá revocado por la intervención directa de la parte mandante. Es decir, establece que la actuación personal del representante de la sociedad no implica, por sí sola, la revocación de las facultades concedidas a los abogados.
Juez bloqueó bienes y cuentas de Miguel Vázquez y empresas vinculadas
El otorgamiento del poder se produjo después de que el juez Rodrigo Estigarribia dispusiera, el 5 de noviembre de 2026, la prisión preventiva del empresario y medidas cautelares sobre su patrimonio, a pedido del Ministerio Público. Entre las disposiciones figuraban la prohibición de innovar, mediante la inmovilización preventiva de sus cuentas bancarias y financieras, y la inhibición general de enajenar y gravar bienes.
Posteriormente, el 6 de noviembre, el magistrado amplió las medidas patrimoniales a otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez. La resolución incluyó la inhibición general de vender y gravar bienes y la prohibición de innovar sobre las cuentas bancarias y financieras de esas sociedades, con carácter provisional y sujeto a control judicial de proporcionalidad.
Las firmas alcanzadas por esta ampliación fueron ITTI SAECA, Grupo Vázquez SAE, REDISA, Red Digital de Procesamiento (REDIPRO S.A.), Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio (SATEC S.A.), HD Invest EAS, Technoma SAECA, La Tropa Fletes EAS, Factopar S.A. y Kasas Propiedades SAE.
Las medidas se sumaron a otras restricciones que ya habían sido dispuestas sobre empresas relacionadas con el conglomerado empresarial, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. y Vinanzas S.A. Asimismo, la Justicia había ordenado medidas cautelares sobre los bienes y cuentas de los procesados en la causa.