CGR reporta daño por USD 640 millones en gobernaciones, obras y fármacos del IPS
El segundo de la Contraloría General de la República (CGR), Augusto Paiva, presentó el balance de fiscalización pública al confirmar la existencia de reportes por presuntos hechos punibles patrimoniales que ascienden a 640 millones de dólares en obras públicas no concluidas y compras de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) y entidades estatales, presentados en Asunción ante los requerimientos de la justicia.
La autoridad confirmó la revisión de los legajos documentales acumulados en las auditorías estatales.
Avances en la digitalización y control preventivo institucional
Las innovaciones tecnológicas de la CGR transformaron la recepción de rendiciones financieras en las municipalidades y gobernaciones del país. Las declaraciones sobre los avances del sistema de expediente electrónico y el control concurrente del programa Hambre Cero fueron expresadas en el programa El programa ese por La Tribu 650 AM.
El representante del órgano contralor subrayó el impacto positivo de la plataforma web en las denuncias ciudadanas.
El alto funcionario de fiscalización explicó que las herramientas informáticas permiten realizar cruces automáticos de información patrimonial.
Al detallar los resultados obtenidos en las auditorías forenses aplicadas a las instituciones públicas, el sustituto legal aseveró que “estamos hablando de reporte de hechos punibles contra el patrimonio por más de 640 millones de dólares reportados al Ministerio Público”, destacando los avances técnicos.
La fiscalización preventiva a los programas alimentarios garantiza el uso correcto de los recursos asignados a los gobiernos locales. La entidad fiscalizadora mantiene auditorías permanentes para prevenir desviaciones en los desembolsos de fondos públicos.
Reporte de irregularidades presupuestarias en licitaciones estatales
Las investigaciones del equipo auditor identificaron inconsistencias financieras en la ejecución de contratos públicos por un valor total de 640 millones de dólares. Los expedientes elevados a la justicia penal abarcan obras de infraestructura sin conclusión y adquisiciones irregulares en diversas carteras.
El sustituto legal de la institución enfatizó la gravedad de los hallazgos en la compra de insumos sanitarios.
La autoridad del órgano contralor señaló que los dictámenes técnicos poseen valor acusatorio ante las indagatorias del Ministerio Público.
Al referirse al impacto patrimonial detectado en la revisión de los legajos documentales del Estado, el jurista afirmó que “estamos hablando de reporte de hechos punibles contra el patrimonio por más de 640 millones de dólares reportados al Ministerio Público”, destacando los avances procesales.
Las actuaciones de la auditoría forense fundamentaron denuncias que permitieron iniciar investigaciones penales en el fuero judicial. Los técnicos sostienen las conclusiones documentales durante los juicios orales.
Perjuicio patrimonial y denuncias penales en el seguro social
La auditoría forense al seguro social detectó un daño estimado de 230 millones de dólares en la administración de recursos del seguro médico. El equipo fiscalizador impulsó 9 denuncias penales vinculadas al desabastecimiento de fármacos, la compra fallida de software y obras hospitalarias.
El integrante de la mesa directiva defendió la contundencia de los peritajes realizados en las dependencias previsionales.
El profesional del derecho cuestionó los intentos previos de desestimación en las denuncias sobre la compra de programas informáticos.
Al detallar las faltas detectadas en la adquisición de insumos y tecnología para la previsional, la autoridad sostuvo que “el director de auditoría forense indicó que la contraloría arrimó nueve denuncias de diferentes índoles por la gestión del Instituto de Previsión Social”, fundamentando las acciones penales.
Los asesores jurídicos del órgano fiscalizador cooperan con los agentes fiscales para precisar la responsabilidad de los administradores. Los legajos remitidos incluyen pruebas documentales sobre adendas y licitaciones.
Digitalización de procesos y expediente electrónico Virtus
La transformación tecnológica de la institución eliminó el uso de soporte físico en las rendiciones de cuentas de los municipios y gobernaciones. La implementación de la plataforma informáticas agilizó la recepción de documentos y la trazabilidad de los trámites.
El promotor de las reformas informáticas valoró la transparencia lograda mediante la tramitación digital de expedientes.
El representante del ente regulador explicó que la ciudadanía cuenta con portales web para presentar denuncias sobre irregularidades administrativas.
Al resaltar los beneficios derivados de la informatización de los registros de rendición de fondos, la autoridad aseveró que “el proceso de digitalización de la Contraloría General de la República es el elemento más contundente del sistema de garantía de rendición de cuentas”, valorando el legado técnico.
El sistema de gestión de expedientes electrónicos permite realizar cruces automáticos de datos patrimoniales con entidades bancarias y registros públicos. La herramienta facilita la detección rápida de inconsistencias en las declaraciones juradas.
Control preventivo y concurrente en el programa Hambre Cero
El mecanismo de fiscalización inmediata opera en las gobernaciones del país para verificar la provisión de alimentos en los establecimientos escolares. Equipos auditores realizan visitas sorpresivas semanalmente para auditar la calidad y cantidad de los insumos distribuidos.
El referente de la supervisión estatal destacó la coordinación con las administraciones regionales para corregir fallas operativas.
El alto funcionario contralor subrayó el carácter preventivo del control concurrente para evitar el mal uso de recursos públicos.
Al explicar la dinámica de supervisión territorial sobre la nutrición de los estudiantes, la autoridad señaló que “la contraloría está realizando los controles preventivos en todas las gobernaciones con equipos que salen a auditar semanalmente”, resaltando la presencia institucional.
Las verificaciones en terreno permiten emitir recomendaciones administrativas antes de la culminación de los ejercicios fiscales. La metodología busca elevar el estándar de los servicios prestados por los gobiernos locales.
Cooperación internacional y proyección para el periodo 2026 a 2031
La presidencia del organismo regional fortaleció la proyección de la institución en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). La entidad adoptó estándares internacionales para capacitar al personal técnico en auditorías ambientales y financieras.
El autor de la propuesta pedagógica impulsa la creación de un laboratorio ciudadano para capacitar a los gestores municipales.
Al definir las metas para el próximo quinquenio en el fortalecimiento del control gubernamental, Augusto Paiva concluyó que “queremos que la contraloría no sea una institución garrote sino una institución pedagógica que pueda demostrar que se puede trabajar con la ciudadanía”, ratificando su compromiso institucional.
