Imputan a organizador de seminario para doctorado por presunta estafa
Tras el allanamiento realizado en la tarde de hoy en un conocido hotel céntrico donde se realizaba el último día de un seminario a profesionales brasileños, el fiscal Aldo Cantero imputó hoy por producción de documentos no auténticos y estafa a Ismael Fenner, dueño de la Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), institución que no estaría habilitada por el Cones y el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y que habría utilizado el programa educativo y el nombre de la institución de su ex socio Cristian Acevedo del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS) para realizar cursos de posgrados. Fenner cuenta con varias causas abiertas en su contra por similares hechos.
Según el relato de los hechos del acta de imputación, que el ciudadano Ismael Fenner, conjuntamente con otras personas cuya individualización continúa siendo objeto de investigación, habría integrado una estructura organizada destinada a ofrecer, promocionar y desarrollar programas académicos de maestría y doctorado que carecían de habilitación y
reconocimiento oficial en la República del Paraguay, utilizando para ello indebidamente la identidad institucional, el prestigio, la denominación y las facultades correspondientes al Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS) y de otras instituciones de educación superior legalmente reconocidas, sin autorización alguna.
En ejecución de dicho esquema, el ahora imputado habría captado principalmente ciudadanos de nacionalidad brasileña, ofreciéndoles programas de posgrado supuestamente reconocidos por las autoridades educativas paraguayas y aptos para producir efectos académicos y profesionales en la República Federativa del Brasil, percibiendo sumas de dinero en concepto de matrículas, aranceles e inscripciones.
No obstante, las diligencias investigativas permitieron advertir que, para conferir apariencia de legitimidad a dichas actividades académicas y hacer creer a los alumnos que los programas ofrecidos contaban con respaldo legal, el imputado presuntamente confeccionó, produjo, hizo producir, utilizó o puso en circulación documentos que aparentaban haber sido expedidos por instituciones educativas legalmente habilitadas y por organismos oficiales de la República del Paraguay, entre ellos resoluciones administrativas, certificados, diplomas, constancias académicas, programas de estudio, legalizaciones y demás instrumentos documentales que, conforme a los elementos reunidos, carecerían de autenticidad.
La investigación tuvo origen a partir de la denuncia presentada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), luego de la tramitación del Expediente Administrativo N.° 97.953/2026, iniciado tras la solicitud formulada por el representante legal de la firma Calidad Educativa S.A., administradora del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales, quien requirió un pronunciamiento oficial respecto de diversos documentos utilizados para
respaldar títulos académicos que estaban siendo presentados en procedimientos de reconocimiento en la República Federativa del Brasil. Entre la documentación sometida a verificación fue presentada una supuesta Resolución N.° 1024 de fecha 10 de julio de 2009, mediante la cual aparentemente la entonces Dirección General de Educación Superior
reconocía títulos emitidos por la denominada Facultad Interamericana de Ciencias de la Educación.
Sin embargo, mediante el Informe DUIS N.° 72/2026 – DPE N.° 07/2026,
elaborado por la Dirección de Universidades e Institutos Superiores, se concluyó que dicha resolución no existe en los registros oficiales del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias, no hallándose antecedente alguno que respalde su autenticidad o validez.
Asimismo, se constató que la persona que figura como suscribiente del documento no ejercía el cargo consignado en la fecha indicada y que el instrumento presentaba múltiples inconsistencias formales incompatibles con la documentación auténticamente emitida por dicha institución. A su vez, el Memorándum DCA-DL N.° 51/2026, elaborado por el Departamento de Legalizaciones de la Secretaría General del Ministerio de Educación y
Ciencias, verificó graves inconsistencias en las etiquetas holográficas, sellos y mecanismos de legalización contenidos en la documentación sometida a análisis, circunstancias que refuerzan fundadamente la sospecha acerca de su falta de autenticidad.
Las publicaciones efectuadas en redes sociales, la información remitida por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la documentación y dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos judicialmente autorizados, las declaraciones de ciudadanos brasileños que contrataron los programas académicos ofrecidos y los demás elementos incorporados a la carpeta fiscal permiten sostener razonablemente que la elaboración, producción y utilización de dichos documentos no constituyeron hechos aislados, sino que habrían integrado un mecanismo organizado destinado a otorgar apariencia de legalidad a actividades académicas carentes de habilitación oficial.
Dentro de ese contexto, existen suficientes elementos de convicción para sostener, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, que Ismael Fenner tuvo una participación activa en la producción y utilización de la documentación presuntamente no auténtica, destinada a aparentar la existencia de autorizaciones, reconocimientos oficiales y actos administrativos inexistentes, conducta que resulta provisoriamente subsumible en el hecho punible de producción de documentos no auténticos, sin perjuicio de la eventual adecuación jurídica que pudiera corresponder conforme avance la investigación.
LA TRIBUNA
