Peña rechaza ley que creaba un registro nacional para estudiantes con altas capacidades
La decisión del Poder Ejecutivo se fundamenta en que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ya dispone de normas, mecanismos y herramientas suficientes para atender a este grupo de alumnos dentro del sistema educativo, por lo que considera innecesaria una nueva legislación sobre la materia.
La objeción fue oficializada mediante el Decreto N.º 6346, firmado este 16 de julio. Con esta determinación, el Ejecutivo devuelve el proyecto al Congreso para su nuevo estudio, argumentando que la propuesta generaría una duplicidad normativa y podría ocasionar conflictos en la aplicación de las políticas educativas actualmente vigentes.
La iniciativa legislativa había sido impulsada por los senadores Cristina Villalba, Luis Federico Franco y Carlos Pereira Rieve. El texto proponía crear un registro nacional de estudiantes con altas capacidades intelectuales con el objetivo de facilitar su identificación, seguimiento y atención especializada dentro del sistema educativo paraguayo.
Además del registro, el proyecto establecía la detección temprana de alumnos con altas capacidades para brindarles una atención pedagógica individualizada desde los niveles iniciales de la educación básica y media. También contemplaba que el Ministerio de Educación pudiera coordinar acciones con gobernaciones y municipalidades para fortalecer el proceso de identificación y acompañamiento de estos estudiantes.
La propuesta igualmente disponía que todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas y privadas subvencionadas por el Estado, aplicaran las disposiciones previstas en la futura ley. Entre sus principales medidas figuraba la capacitación obligatoria de docentes y la implementación de evaluaciones psicopedagógicas que permitieran detectar a estudiantes con habilidades intelectuales superiores.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo sostuvo que el Ministerio de Educación manifestó su oposición al proyecto durante todo el proceso legislativo. Según se señala en el decreto presidencial, la cartera educativa emitió informes técnicos desfavorables tanto durante el tratamiento parlamentario como en las consultas posteriores realizadas por el propio Ejecutivo.
Las notas remitidas por el MEC concluyeron que no resultaba conveniente aprobar una legislación específica debido a que la atención de los estudiantes con altas capacidades ya se encuentra contemplada dentro de la Ley de Educación Inclusiva y de otras disposiciones reglamentarias actualmente en vigencia.
El Gobierno sostiene que el marco normativo existente ya reconoce a los alumnos con altas capacidades intelectuales como parte de los estudiantes que requieren apoyos educativos específicos y que, en consecuencia, existen estrategias pedagógicas destinadas a garantizar su acceso, permanencia y promoción dentro del sistema educativo nacional.
Otro de los argumentos expuestos por el Ejecutivo es que la aprobación de una nueva ley podría superponer competencias y generar contradicciones entre distintas normas, afectando la implementación de las políticas educativas ya desarrolladas por el Ministerio de Educación y Ciencias.
Con estos fundamentos, el presidente Santiago Peña resolvió objetar íntegramente el proyecto de ley, dejando en manos del Congreso Nacional la decisión de aceptar el veto presidencial o insistir con la sanción de la iniciativa mediante los mecanismos previstos en la Constitución Nacional.
EL NACIONAL
