Imputan a jueza de Pedro Juan, exjuez, ex actuaria y asistente fiscal que fraguaron documentos ante Consejo
Los primeros cuatro imputados son postulantes a cargos convocados por el Consejo de la Magistratura en distintos edictos para ocupar cargos judiciales. Según el fiscal, los mismos habrían utilizado notas de actualizaciones de legajos, certificados de estudios de especializaciones, certificado de la Escuela Judicial, constancias académicas de curso de formación continua de la Escuela Judicial y de instituciones de enseñanzas privadas.La investigación permitió constatar que el certificado de especialización en Derecho Procesal Penal, el curso se había dictado en la Universidad Privada del Este y otorgó dicho documento a favor de la abogada Liliana Galeano.
Sin embargo, las citadas personas habrían utilizado copias del mismo certificado completando con sus datos personales y dieron ingreso a la página web del Consejo, a fin de sumar puntos al momento de las evaluaciones.
La carga de los documentos habría sido facilitado por el funcionario del Consejo de la Magistratura, Rafael Prieto y el funcionario de la Escuela Judicial, Rodrigo Ávalos.
Modus operandi con los documentos e hipótesis
Asimismo, el Ministerio Público detalla que con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, se habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos.
Entre estos se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.
“Las indagaciones de la Unidad Penal constataron que se utilizó la copia de un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal originalmente dictado por la Universidad Privada del Este a favor de otra profesional. Dicho documento habría sido modificado con los datos personales de los postulantes para ser ingresado al sistema a través de la página web”, cita la Fiscalía.
Finalmente, la hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.
El juez penal de Garantías, Miguel Palacios, fue sorteado para atender la causa y admitir o no la imputación contra los investigados por el Ministerio Público.
EL OBSERVADOR - ABC
