Fiscalía pide autorización para peritar el teléfono de Santiago Peña
La diligencia busca acceder a la información almacenada en los dispositivos y determinar si existen elementos útiles para la investigación penal.
Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez Rivas y Marlene González presentaron el requerimiento fiscal n.º 36, mediante el cual solicitan autorización para someter a peritaje informático tres teléfonos celulares incautados en el marco de la causa penal n.º 92/2026.
La investigación guarda relación con los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso que involucra al expresidente Santiago Peña y la trama vinculada a Ueno Bank.
Los tres dispositivos, todos de la marca iPhone, fueron incautados durante procedimientos realizados el 8 y el 10 de noviembre de 2026. El primero se llevó a cabo en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, mientras que el segundo tuvo lugar en una vivienda ubicada en el condominio Jerusalén SB, en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera. Ambos operativos estuvieron vinculados al expresidente.
A través de la diligencia solicitada, los investigadores pretenden obtener una extracción íntegra de los datos almacenados en los aparatos, con el objetivo de preservar y examinar posibles comunicaciones, archivos y otros registros que puedan aportar información relevante para reconstruir los hechos investigados.
El Ministerio Público también pidió que un especialista del Departamento de Informática de la Policía Nacional sea designado para ejecutar el procedimiento y que se genere una copia espejo de la información extraída, a fin de conservar una reproducción de los datos originales para su posterior análisis.
El pedido fue formulado con base en los artículos 218 y 219 del Código Procesal Penal, que regulan las diligencias de inspección y registro, bajo autorización y control jurisdiccional.
La solicitud fiscal deberá ser examinada por el juzgado competente. La autorización permitirá avanzar con el análisis técnico de los dispositivos, una diligencia que podría aportar elementos para determinar el alcance de las comunicaciones y los vínculos entre las personas investigadas.