Daños morales: El director del aeropuerto recibirá 40 mil R$ tras ser llevado a la Policía Federal debido al fracaso de la empresa
Un director del Aeropuerto Internacional de Ponta Porã, cuyo nombre no fue revelado, será indemnizado en R$ 40 mil como daños morales, por haber sido remitido a la Comisaría Federal debido al retraso del concesionario Aena, que gestiona la terminal, en responder a solicitudes de la autoridad policial.
Inicialmente, la cantidad de la indemnización se fijó en 30 mil, pero ella apeló y el Segundo Pleno del Tribunal Regional Laboral de la 24ª Región (TRT/MS) confirmó por unanimidad el reconocimiento del derecho a la indemnización por daños morales y concedió parcialmente la apelación de los trabajadores para aumentar la cantidad de la indemnización de R$ 30 mil a R$ 40 mil.
Según el expediente, la mujer trabajó durante 27 años en Infraero, desempeñando sus funciones en el aeropuerto de Ponta Porá.
La unidad fue privatizada, y la empresa española Aena asumió la concesión el 7 de noviembre de 2023. Ese mismo mes, la nueva empresa contrató a la mujer para ocupar el puesto de directora.
Al inicio de la actividad, la Policía Federal envió cartas solicitando información detallada sobre vuelos privados, como prefijos de aeronaves, identificación de pilotos, origen y destino de los vuelos.
Las solicitudes no fueron recibidas dentro del plazo y, debido a la omisión, en enero de 2024 la Policía Federal emitió una orden de registro e incautación en el aeropuerto y llevó coercitivamente al director a la comisaría, delante de compañeros y pasajeros.
Argumentó que reenvió todas las solicitudes a sus superiores, pero la empresa no respondió. Debido a la situación, el director presentó una demanda laboral solicitando una compensación por daños morales.
En primera instancia, el juez Marcelino Gonçalves concluyó que las pruebas del expediente mostraban que la demora de la empresa en responder a las cartas de la Policía Federal era la causa de la situación que vivió el empleado.
Para el magistrado, la conducta de Aena puso a la trabajadora en vergüenza y afectó su honor, imagen y dignidad, al someterla a la investigación por un presunto delito de desobediencia sin que ella fuera responsable del retraso.
En el tribunal, testigos confirmaron que el director había solicitado la información a Aena y estaba esperando orientación y respuesta del sector legal de la empresa antes de remitir la información solicitada al PF.
Un documento enviado por el propio empleador a la Policía Federal también corroboró la versión. Aena reconoció que las cartas se habían enviado a la sede corporativa, al departamento de Seguridad de la Aviación (AVSEC) y, posteriormente, al sector legal para su análisis y validación, ya que los equipos aeroportuarios realizan principalmente actividades operativas.
En primer grado, la compensación se fijó en R$ 30 mil, pero la mujer presentó un recurso solicitando un aumento de la cantidad.
Al analizar la apelación, el ponente del caso, el juez João Marcelo Balsanelli, señaló que los testimonios mostraban que, en el periodo de transición de la concesión aeroportuaria, no existía un flujo institucional claro para responder a las solicitudes de los organismos públicos y, en la práctica, se adoptaba el reenvío de demandas a la sede corporativa y al departamento jurídico.
El juez que informó también señaló que se demostró el vínculo causal entre la omisión de la empresa y los daños sufridos por la trabajadora, ya que el retraso en cumplir con la solicitud policial desencadenó el registro y la incautación y su traslado a la comisaría en un entorno de gran circulación de personas.
Así, la apelación fue parcialmente concedida y la compensación aumentó a 40 mil R$.
Fuente: Correio do Estado
