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NACIONALES 18 Noviembre, 2026

Congreso acorrala y fuerza otra caída

La presión del Congreso precipitó la renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ante la amenaza de un juicio político con los votos prácticamente asegurados. La alianza entre oficialismo, disidencia colorada y oposición volvió a imponer su fuerza, tras la destitución de Santiago Peña, y coloca bajo presión el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado en medio de la crisis de Ueno Bank.
Congreso acorrala y fuerza otra caída
Foto: Gentileza / Archivo
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, terminó cediendo ante la presión política ejercida desde el Congreso y presentó su renuncia al cargo el 17 de noviembre, luego de que las principales bancadas de la Cámara de Diputados anunciaran su respaldo al juicio político promovido en su contra. La decisión se produjo en medio de la crisis institucional desatada por el colapso de Ueno Bank, que en menos de dos semanas provocó la caída de un presidente de la República y la salida anticipada del titular del Ministerio Público.

La dimisión de Rolón se concretó después de que 34 diputados presentaran formalmente un libelo acusatorio por supuesto mal desempeño de funciones y presunta comisión de hechos punibles en el ejercicio del cargo. La iniciativa, impulsada inicialmente por sectores de la oposición, terminó recibiendo el respaldo de las bancadas coloradas oficialistas y disidentes, que anunciaron su decisión de acompañar el procedimiento constitucional.

El escenario quedó prácticamente definido cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, comunicó que las bancadas A y B del Partido Colorado resolvieron apoyar por unanimidad el juicio político. Esta decisión, sumada al acompañamiento de Colorado Añetete y de los sectores opositores, configuró una mayoría suficiente para impulsar la acusación parlamentaria contra el fiscal general.

La salida de Rolón representa otro episodio de la reconfiguración del poder político a raíz de la crisis financiera, con un Congreso que adquirió protagonismo decisivo en la continuidad de las principales autoridades del Estado. La coincidencia entre sectores anteriormente enfrentados volvió a resultar determinante para precipitar una renuncia, mientras permanecen abiertos los cuestionamientos sobre la conducción de las investigaciones penales y la independencia institucional.

Oficialismo y disidencia se alinearon

Uno de los aspectos más significativos de la jornada fue la coincidencia entre las principales bancadas del Partido Colorado, incluidos sectores que hasta hace poco mantenían posiciones políticas enfrentadas.

La bancada Colorado Añetete, vinculada al expresidente Mario Abdo Benítez, anunció su acompañamiento al juicio político contra Rolón. Sus integrantes, Daniel Centurión, Mauricio Espínola, Roberto González, Luis González Vaesken y Juan Ramón Maciel Merlo, expresaron su respaldo al procedimiento, al considerar que correspondía exigir responsabilidades por la conducción del Ministerio Público.

Posteriormente, las bancadas A y B del oficialismo colorado también confirmaron una posición unánime a favor de la destitución del fiscal general. Latorre, acompañado por los diputados Hugo Meza y Miguel Del Puerto, comunicó que existían méritos suficientes para avanzar con el juicio político.

"No hay liberación de voto y creemos que hay mérito suficiente para acompañar e impulsar el juicio político al fiscal general del Estado", expresó Meza al confirmar la postura de las bancadas.

Del Puerto también reconoció que inicialmente existían posiciones diferentes entre los legisladores colorados, pero que finalmente lograron alcanzar un criterio unificado sobre la necesidad de impulsar la acusación.

Desde la oposición, la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, encabezó las gestiones para presentar el libelo acusatorio, con el acompañamiento de legisladores liberales y de otras agrupaciones políticas.

La convergencia entre oficialismo, disidencia y oposición volvió a colocar al Congreso como protagonista de las decisiones institucionales derivadas de la crisis bancaria. Las diferencias internas del Partido Colorado quedaron relegadas frente a una posición común sobre la continuidad del fiscal general.

"La matemática está cerrada", afirmó Latorre al anunciar el respaldo de las bancadas mayoritarias, dejando prácticamente asegurada la aprobación de la acusación en la Cámara Baja.

La amenaza del juicio precipitó su renuncia

El fiscal general había rechazado inicialmente la posibilidad de abandonar el cargo, pese a los cuestionamientos que se acumulaban sobre su gestión y las actuaciones de los agentes fiscales encargados de investigar el caso Ueno Bank.

"No pienso renunciar, pero la dignidad tiene su costo", había manifestado Rolón durante una entrevista concedida el 16 de noviembre, cuando todavía defendía su continuidad al frente del Ministerio Público.

Sin embargo, el escenario cambió con la decisión de las principales bancadas parlamentarias de acompañar el juicio político. La pérdida de respaldo dejó al fiscal general frente a un procedimiento que contaba con amplias posibilidades de avanzar tanto en Diputados como en el Senado.

Finalmente, remitió su renuncia al presidente de la República, Pedro Alliana, señalando que la determinación se producía en el marco del juicio político instalado en la Cámara Baja.

La salida se concretó antes de que los diputados sometieran a votación el libelo acusatorio, interrumpiendo el avance del procedimiento que buscaba su destitución.

El presidente de Diputados defendió la postura asumida por las bancadas coloradas y sostuvo que la ciudadanía reclamaba cambios en la conducción de la Fiscalía General del Estado.

"Nosotros creemos que este es un momento donde se tiene que restablecer el orden institucional en nuestro país y tenemos que recuperar la confianza ciudadana en las instituciones", manifestó Latorre.

Asimismo, señaló que las autoridades parlamentarias debían responder a las demandas de la población y que el esclarecimiento de los hechos relacionados con la crisis financiera constituía una prioridad.

Las acusaciones contra Rolón

El libelo acusatorio presentado en la Cámara de Diputados atribuyó al fiscal general presuntas irregularidades, omisiones y demoras en investigaciones de alto impacto político y económico, particularmente en las causas relacionadas con Ueno Bank y el expresidente Santiago Peña.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la conducción de las primeras diligencias fiscales después del inicio del proceso de resolución de la entidad financiera.

Los legisladores señalaron que la Fiscalía no había dispuesto oportunamente determinadas medidas de aseguramiento de evidencias, especialmente la incautación del teléfono celular de Peña y la ejecución de allanamientos en inmuebles vinculados con las investigaciones.

El documento también cuestionó las explicaciones de Rolón sobre las dificultades operativas que enfrentaron los equipos fiscales durante los primeros días del procedimiento.

Otro de los puntos incluidos en la acusación fue el tratamiento de una denuncia presentada contra Santiago Peña en octubre de 2025 por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según los impulsores del juicio político, el Ministerio Público mantuvo la denuncia sin una investigación fiscal efectiva durante más de siete meses, luego de remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República.

Los diputados también incorporaron cuestionamientos relacionados con el caso conocido como los "Sobres del Poder", referente a denuncias sobre supuestas irregularidades patrimoniales y movimientos de dinero vinculados al entorno del entonces mandatario.

Asimismo, señalaron deficiencias en el funcionamiento del Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde funcionarios y peritos habían denunciado la falta de equipamientos, insumos, personal especializado y recursos necesarios para desarrollar sus tareas.

El documento acusatorio atribuyó a Rolón una conducción deficiente de la institución y solicitó su destitución mediante el mecanismo establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional.

La defensa del fiscal general

Antes de presentar su renuncia, Rolón difundió un extenso descargo institucional en el que defendió las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público en las investigaciones relacionadas con Ueno Bank y las causas abiertas contra exautoridades del Gobierno.

El documento expuso una cronología de las diligencias ejecutadas desde el inicio de la crisis financiera y rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta falta de reacción por parte de los investigadores.

Según el informe, la denuncia relacionada con Ueno Bank fue recibida el 3 de noviembre, cuando se conformó un equipo fiscal especializado y se dispusieron medidas de detención contra ocho directivos de la entidad bancaria.

Posteriormente, las actuaciones se extendieron a otros representantes de empresas relacionadas con las operaciones investigadas. La Fiscalía informó que el 4 de noviembre ya se habían formulado imputaciones contra 27 personas y solicitado medidas cautelares personales y patrimoniales.

Rolón también detalló la apertura de nuevas investigaciones relacionadas con las actuaciones del Banco Central del Paraguay, la colocación de fondos públicos en Ueno Bank y las presuntas responsabilidades de autoridades estatales.

En su descargo, el Ministerio Público reportó la ejecución de 35 allanamientos, investigaciones que alcanzaban a 34 personas y la incautación de bienes con una valoración preliminar de USD 619 millones.

El titular de la Fiscalía defendió la necesidad de desarrollar las investigaciones conforme a los procedimientos establecidos en la legislación penal y sostuvo que las actuaciones institucionales no podían estar condicionadas por intereses partidarios ni presiones políticas.

"Su actuación no puede estar subordinada a intereses partidarios, coyunturas políticas, presiones sectoriales ni valoraciones mediáticas", expresó el Ministerio Público en su pronunciamiento.

Pese a las explicaciones presentadas, los principales sectores políticos mantuvieron su decisión de impulsar el juicio político, hasta que finalmente se produjo la renuncia del fiscal general.

Una crisis que ya derrumbó a un presidente

La salida de Rolón se suma a las consecuencias políticas, judiciales y económicas provocadas por la crisis de Ueno Bank, cuyo proceso de resolución fue iniciado por el Banco Central del Paraguay a comienzos de noviembre.

La situación desencadenó una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras, operaciones bancarias, colocación de recursos públicos y posibles responsabilidades de directivos de la entidad y autoridades encargadas de su supervisión.

El caso alcanzó directamente al entonces presidente Santiago Peña, cuya vinculación con la crisis provocó una fuerte reacción política que desembocó en un procedimiento de juicio político.

El 6 de noviembre, la Cámara de Senadores resolvió destituir al mandatario por mal desempeño de sus funciones, dando paso a la asunción de Pedro Alliana a la Presidencia de la República.

Posteriormente, Peña fue imputado en el marco de las investigaciones relacionadas con Ueno Bank y quedó bajo prisión preventiva. Las actuaciones fiscales también alcanzaron al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, y a otros exdirectivos del organismo regulador.

El Ministerio Público amplió posteriormente la imputación contra Peña, atribuyéndole participación como presunto jefe de una estructura de asociación criminal vinculada con los hechos investigados.

La crisis también comprometió importantes recursos públicos depositados en la entidad financiera. La Procuraduría General de la República solicitó intervenir en las causas penales para precautelar intereses patrimoniales del Estado estimados en aproximadamente USD 855 millones.

El impacto alcanzó a ahorristas particulares, empresas, jubilados e instituciones estatales, mientras continuaban los procedimientos destinados a determinar las responsabilidades y recuperar los fondos comprometidos.

La magnitud del escándalo provocó la caída de autoridades políticas y financieras, investigaciones contra funcionarios públicos y un profundo cuestionamiento al funcionamiento de los organismos de supervisión y control.

El Congreso gana protagonismo frente a los demás poderes

La destitución de Santiago Peña y la renuncia de Emiliano Rolón colocaron al Congreso en una posición determinante dentro del escenario institucional.

En menos de dos semanas, las decisiones parlamentarias y los acuerdos entre bancadas resultaron decisivos para la salida de dos de las principales autoridades del país: el presidente de la República y el fiscal general del Estado.

En ambos casos, el juicio político constituyó el instrumento utilizado por los legisladores para impulsar la separación de las autoridades cuestionadas.

El artículo 225 de la Constitución Nacional establece este mecanismo para juzgar a determinadas autoridades por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes.

La misma Carta Magna, en su artículo 3, establece que el Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial dentro de un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control.

La amplitud de los acuerdos alcanzados entre las bancadas parlamentarias también adquirió relevancia frente a la autonomía de los organismos encargados de la investigación penal y la administración de justicia.

Mientras los legisladores cuestionaron las demoras y presuntas omisiones de la Fiscalía, Rolón defendió la independencia del Ministerio Público y la necesidad de respetar los procedimientos establecidos para la investigación de hechos punibles complejos.

La presión parlamentaria terminó imponiéndose sobre su continuidad en el cargo, luego de que oficialismo, disidencia y oposición coincidieran en la necesidad de apartarlo de la conducción institucional.

Latorre reivindicó el papel del Congreso y sostuvo que los legisladores tienen la responsabilidad de interpretar las demandas ciudadanas.

"Nuestra gran responsabilidad es ser cajas de resonancia de lo que la gente siente. Y la gente quería algo diferente, quería una renovación para volver a confiar en la institución y respondimos en consecuencia", expresó.

Contraloría también queda bajo presión

La salida del fiscal general no puso fin a los cuestionamientos parlamentarios contra otras instituciones involucradas en la crisis.

Sectores de la oposición comenzaron a plantear la posibilidad de promover un juicio político contra el contralor general de la República, Camilo Benítez, por su actuación en los controles patrimoniales relacionados con el expresidente Santiago Peña.

El titular de la Contraloría quedó bajo cuestionamientos por el examen de correspondencia realizado sobre los bienes del exmandatario y por el tratamiento de las denuncias que habían sido remitidas al organismo.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con otro proceso de destitución, Latorre manifestó que primero debía desarrollarse un diálogo entre los diferentes sectores políticos para definir los próximos pasos de una agenda de reconstrucción institucional.

De esta manera, la Contraloría aparece como otra institución expuesta a las decisiones que puedan adoptar las principales bancadas del Congreso, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la crisis financiera.

Fiscalía queda bajo conducción interina

Tras presentar su renuncia, Emiliano Rolón dispuso que la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera quede encargada de la atención del despacho de la Fiscalía General del Estado y de las funciones de ordenadora de gastos desde el 18 de noviembre.

La medida fue formalizada mediante la Resolución F.G.E. N.º 4665, firmada por el propio fiscal general saliente, en el marco de las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Rolón había asumido el cargo el 9 de marzo de 2023, para un mandato constitucional de cinco años que debía concluir en 2028.

Su salida anticipada abre el procedimiento para la selección de una nueva máxima autoridad del Ministerio Público, mediante la conformación de una terna por parte del Consejo de la Magistratura, la elección del Poder Ejecutivo y el acuerdo de la Cámara de Senadores.

El cambio de conducción se produce en uno de los momentos más delicados para la Fiscalía, con investigaciones penales que involucran a un expresidente de la República, exautoridades del Banco Central, directivos bancarios y empresarios relacionados con las operaciones financieras investigadas.

La caída de Rolón se suma a la destitución de Peña y confirma el protagonismo que adquirieron los acuerdos parlamentarios en la crisis institucional. El alineamiento entre oficialismo, disidencia colorada y oposición vuelve a demostrar su capacidad para determinar la continuidad de las principales autoridades del Estado, mientras el Congreso mantiene bajo presión a otros organismos de control y supervisión.

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