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POLICIALES 17 Noviembre, 2026

Caso Ueno Bank: decretan prisión preventiva para el exdirector jurídico del BCP por presunto encubrimiento

El juez Osmar Legal ordenó 15 días de prisión en la Agrupación Especializada para Aldo Javier Rodríguez González, investigado por supuestamente adulterar un informe remitido al Senado para ocultar advertencias sobre operaciones crediticias por USD 74,4 millones. La Fiscalía lo señala como el brazo técnico-jurídico de una estructura que habría encubierto la situación financiera de la entidad.
Caso Ueno Bank: decretan prisión preventiva para el exdirector jurídico del BCP por presunto encubrimiento
Foto: Gentileza / Archivo
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El juez penal de Garantías Osmar David Legal Troche decretó la prisión preventiva por 15 días en la Agrupación Especializada para Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), imputado en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento de Ueno Bank.

La medida fue dispuesta mediante el Auto Interlocutorio N.º 416. Rodríguez González está procesado por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el funcionario habría desempeñado el papel de “brazo técnico-jurídico” de una estructura que presuntamente buscaba ocultar la verdadera situación financiera de Ueno Bank y evitar que las autoridades parlamentarias y los organismos de control conocieran las irregularidades detectadas.

La presunta manipulación del informe al Senado

Uno de los principales elementos de la imputación es la supuesta adulteración de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos remitido a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026.

De acuerdo con la investigación, el documento original advertía sobre una presunta financiación indirecta de USD 74.400.000 a favor de la firma VINANZAS S.A., operación que habría sido utilizada para simular la subsanación de excesos crediticios.

La Fiscalía sostiene que Rodríguez González habría mantenido reuniones reservadas entre el 5 y el 6 de octubre con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, y otros integrantes del directorio. Posteriormente, supuestamente participó en la eliminación deliberada de las advertencias financieras contenidas en el informe original.

El 9 de octubre, el funcionario acudió al Congreso Nacional para defender el documento que, según la imputación, ya había sido manipulado. Esta actuación habría impedido que los legisladores conocieran oportunamente la verdadera dimensión de las operaciones financieras observadas.

Millonario perjuicio y riesgo de obstrucción

La hipótesis fiscal sostiene que el presunto encubrimiento desde la cúpula del Banco Central permitió que Ueno Bank continuara operando sin restricciones durante octubre, periodo en el que habría desarrollado campañas agresivas para captar depósitos.

Tras la resolución de la entidad, el 2 de noviembre de 2026, el impacto económico habría comprometido recursos del Fondo de Garantía de Depósitos y fondos públicos y previsionales por montos superiores a G. 3,6 billones y USD 233 millones.

Durante la audiencia de imposición de medidas cautelares, las abogadas Sara y Paola Parquet, representantes de Rodríguez González, solicitaron que su defendido cumpliera arresto domiciliario.

La defensa argumentó que el funcionario cuenta con 37 años de trayectoria en el servicio público, que se presentó voluntariamente en la Comisaría 7.ª tras conocer la orden de detención y que su intervención en los hechos investigados se habría limitado a la emisión de dictámenes técnicos.

También ofreció cauciones reales por medio de varias propiedades ubicadas en Asunción y San Bernardino, con el propósito de garantizar su sometimiento al proceso.

Sin embargo, el juez Legal Troche rechazó las medidas alternativas y consideró que existen riesgos procesales que justifican la prisión preventiva. Entre los argumentos mencionó el estado incipiente de la investigación, el acceso que todavía tendría el imputado a documentación administrativa relevante y la posibilidad de interferir en las declaraciones testificales pendientes.

El magistrado también tuvo en cuenta la expectativa de una eventual condena de hasta 10 años de prisión, como elemento para evaluar el peligro de fuga y la necesidad de asegurar su sometimiento al proceso.

EL OBSERVADOR

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