Reponen salario a juez suspendido por caso Cabeza Branca
El magistrado Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por presunta frustración del comiso de bienes vinculados al caso Cabeza Branca, volverá a percibir su salario. El ministro Eugenio Jiménez Rolón señaló que, durante la audiencia, el juez presentó documentos y elementos de juicio.
El juez civil y comercial de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, tendrá nuevamente habilitado el cobro de su salario, a pedido del ministro Víctor Ríos, pese a encontrarse suspendido en el marco de una investigación penal por su presunta actuación en la subasta de bienes vinculados al caso del narcotraficante Luiz Carlos Da Rocha, conocido como Cabeza Branca.
El caso se relaciona con una imputación formulada por los agentes fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez, de las unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Dinero, respectivamente. El Ministerio Público atribuye al magistrado el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de frustración del comiso.
Durante el análisis de la situación del juez, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón manifestó que Sánchez Zaracho aportó documentos y elementos de juicio al ser escuchado. Este aspecto fue considerado en el contexto de la decisión de reponerle el salario, según los datos proporcionados.
La reposición de la remuneración se produce mientras el magistrado continúa suspendido, por lo que la medida económica no debe confundirse con el levantamiento de la suspensión ni con una resolución sobre el fondo de la causa penal. La decisión de la máxima instancia se dio por mayoría con la abstención del ministro César Garay.
La subasta de dos inmuebles, en el centro de la imputación
Según la hipótesis del Ministerio Público, Sánchez Zaracho habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que estaban sujetos a medidas cautelares y sobre los cuales existía una expectativa de comiso dentro de la causa penal “Luiz Carlos Da Rocha y otros s/ Lavado de Activos, Tráfico Ilícito y Delitos Conexos”.
La Fiscalía sostiene que el 28 de noviembre de 2023, pese a los antecedentes judiciales existentes, el magistrado aprobó la subasta y posteriormente habría dispuesto la inscripción preventiva de los inmuebles a nombre de la empresa adjudicada.
Para avanzar con ese trámite, el juez libró los oficios correspondientes a la Dirección General de los Registros Públicos. Sin embargo, la institución rechazó la inscripción mediante una nota negativa, al argumentar que las medidas cautelares dictadas dentro del proceso penal continuaban vigentes.
Para los investigadores, la actuación atribuida al magistrado habría puesto en riesgo la eficacia de las medidas cautelares y la eventual recuperación de los bienes sometidos a comiso en el marco de la causa.
La discusión sobre el salario y la situación procesal
La decisión de reponer el salario introduce una distinción relevante entre la situación administrativa de un magistrado suspendido y las consecuencias económicas derivadas de esa medida.
En este caso, la imputación fiscal se sustenta en hechos que deberán ser examinados dentro del proceso penal. La presentación de documentos y elementos de juicio por parte del juez, mencionada por Jiménez Rolón, forma parte de los antecedentes considerados en el análisis de su situación.
El punto central de la investigación sigue siendo determinar si la actuación atribuida a Sánchez Zaracho afectó las medidas cautelares y la posibilidad de que los inmuebles vinculados al caso Cabeza Branca fueran objeto de comiso.
Mientras tanto, el magistrado volverá a percibir su remuneración, conforme a la decisión adoptada a pedido del ministro Ríos.
