Preso dice que fue jurado d muerte desde las cárceles de Dourados y Ponta Porã
Marcos Antonio Olmedo Vera, de 23 años, detenido este domingo (27) en Corumbá, durante una inspección de la PRF (Policía Federal de Carreteras), declaró durante la audiencia de custodia que sería condenado a muerte si lo enviaban a unidades penitenciarias en Dourados o Ponta Porã. Es uno de los 5 acusados por el asesinato de Vitor Orsini, de 19 años, ocurrido el 7 de agosto de este año en Dourados.
En vista de la declaración de Marcos Antonio, la Oficina del Defensor Público solicitó que Agepen (Agencia Estatal para la Administración del Sistema Penitenciario) fuera notificada oficialmente sobre la restricción.
La declaración está contenida en las actas de la audiencia de custodia, que tuvo lugar ayer. Según el documento, la defensa solicitó que Agepen fuera informado de la situación reportada por el detenido, quien declaró que había sido amenazado de muerte si era llevado a las cárceles de ambas ciudades.
La jueza de guardia, Melyna Machado Mescouto Fialho, determinó que Agepen fuera informada sobre la "restricción de entrada y estancia en las prisiones de Ponta Porã y Dourados, debido a amenazas de muerte" y ordenó que Marcos Antonio fuera trasladado al Establecimiento Penal Masculino de Corumbá. Sin embargo, hasta la tarde del lunes (28) seguía detenido en la comisaría de policía civil.
Detención en BR-262
Marcos Antonio Olmedo Vera fue detenido alrededor de las 6:40 de la mañana del domingo, durante una inspección PRF en el km 707 de la BR-262, en Corumbá. Era pasajero en un Chevrolet Montana cuando la policía se le acercó a él.
Según el informe policial, el hombre informó de no llevar documentación física ni digital. Tras proporcionar sus datos, los agentes de policía consultaron los sistemas e identificaron la orden de arresto emitida por el Tribunal del Juez de Garantías, el Tribunal de Jurado y la Ejecución Penal del Distrito de Dourados.
La jueza Melyna Machado Mescouto Fialho, el representante de la Fiscalía Francisco Salles Neto, el defensor público Diogo Alexandre de Freitas y el propio acusado participaron en la audiencia.
Durante la audiencia, Marcos declaró que no había sufrido agresión física ni ningún otro tipo de violencia durante su arresto ni mientras estaba bajo custodia estatal. El juez registró la declaración y determinó que el examen del corpus delicto, que aún no se había incluido en el proceso, debía realizarse y posteriormente añadirse a los registros.
En el análisis de la detención, el magistrado concluyó que la orden emitida por el Magistrado de Dourados era válida y regular. Por ello, determinó que el cumplimiento de la orden se comunicara al tribunal del lugar de detención y al tribunal responsable de la emisión de la orden, además de la remisión del preso a un establecimiento penitenciario considerado apropiado.
Las actas de la audiencia no detallan quién habría hecho las amenazas, cuándo habrían ocurrido ni cuál sería la motivación del supuesto riesgo. Hace 3 semanas, otros 3 presos arrestados por el delito fueron trasladados de la PED (Penitenciaría Estatal Dourados) a la Penitenciaría Estatal Masculina de Régimen Cerrado de Gameleira II, conocida como "Federalzinha", en Campo Grande.
Como Marcos declaró que tenía las condiciones económicas para pagar la defensa privada, el juez arbitró honorarios de 2 mil rands a favor de la Oficina del Defensor Público, destinada a Funadep (Fondo Especial para la Mejora y Desarrollo de las Actividades de la Institución).
Fuente: Campograndenews
