Policías sancionados en Argentina por protestar por salarios y atención en salud mental
Una protesta policial por mejores salarios y atención a la salud mental en la provincia argentina de Santa Fe terminó con efectivos sancionados, familiares reprimidos por la propia fuerza y algunos patrulleros fuera de servicio, en uno de los distritos más golpeados por el crimen organizado.
A media jornada del martes, decenas de motos policiales, estacionadas y con las sirenas encendidas, cortaban el tránsito frente a la sede de la jefatura de la fuerza de la ciudad de Rosario, 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Los manifestantes llevaban carteles como «nuestras vidas importan».
Decenas de policías, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando otro grupo de policías de su misma fuerza buscó dispersarlos y reprimirlos entre forcejeos.
«Les pegaron y tiraron gas pimienta a nuestra familia. Nuestros propios compañeros», dijo a la AFP una mujer policía, que pidió mantener su nombre bajo reserva por posibles sanciones.
«Después de que golpearon a las familias» muchos efectivos en la jefatura de Rosario decidieron detener sus actividades, prosiguió la mujer, y una veintena se negó a salir a patrullar la ciudad.
La protesta siguió durante la mañana del martes con un «sirenazo» de decenas de patrulleros frente a la casa de gobierno, en la capital provincial.
«Estamos investigando posibles ilícitos penales de grupos marginales y desplazados de la Policía, que no se resignan a que han perdido la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento», dijo el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en conferencia de prensa.
Cococcioni anunció en la mañana del martes la suspensión y el retiro del arma a 20 policías.
Chalecos al suelo
Tras la decisión de las autoridades, y entre los aplausos de sus familiares y allegados, los policías separados de la fuerza se presentaron vestidos de civil frente al cuartel y colocaron sus chalecos antibalas en el suelo.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe elevó un informe a la justicia local, que investiga a los policías desplazados y a otros de sus compañeros por irregularidades en la protesta, reportó el periódico local La Capital.
El abogado Gabriel Sarla, expolicía de Santa Fe y uno de los participantes de la manifestación, dijo a la AFP que el reclamo de la policía se da «ante la falta de respuesta en cuanto a la atención psicológica, a las horas sin descanso del personal policial y, por sobre todo, a los salarios indignos que hacen que el policía esté rozando la pobreza».
Carmen, una policía en actividad con seis años de antigüedad que prefirió mantener en reserva su apellido, contó a Radio Con Vos que gana un salario mensual de 900.000 pesos (unos 620 dólares al cambio oficial), lo que la empuja a «hacer adicionales con jornadas de más de 16 horas de trabajo y sin descanso ningún día de la semana».
Aseguró, además, que la protesta se extiende a varios destacamentos provinciales.
El ministro Cococcioni, aunque consideró «legítimo y atendible el reclamo» salarial, advirtió que «se fueron montando grupos con acciones violentas, antijurídicas, y empezaron a instigar al personal policial (…) tratando de desestabilizar» el accionar de prevención mediante el «abandono del servicio».
«Utilizar a la institución policial para minar la política de seguridad, que tanto trabajo nos costó poner en orden en Santa Fe, es cruzar una línea que no vamos a permitir», dijo.
Situada junto al río Paraná, Rosario es la tercera ciudad del país y en sus márgenes se ubica uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo.
Sin embargo, se ha dado a conocer por la violencia del narco y ha ocupado titulares en la prensa por las amenazas que recibieron futbolistas como Ángel Di María, Lionel Messi o sus familiares.
Con una tasa de homicidios de 5,7 cada 100.000 habitantes, Santa Fe lidera las estadísticas a nivel nacional, aunque finalizó 2025 con el segundo registro más bajo desde 2014, según el Observatorio de Seguridad Pública provincial.
