Peña promulga ley que permite polémicos ascensos policiales
El decreto, fechado el 23 de diciembre, consolidó una lista de ascensos que ya venía generando resistencia en el Congreso, donde sectores de la oposición alertaron sobre la inclusión de oficiales con antecedentes judiciales y vínculos indirectos con investigaciones sensibles. En particular, se cuestionó que algunos nombres hayan aparecido en conversaciones atribuidas al fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes y al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sin que ello haya sido un impedimento para avanzar con las promociones.
La Cámara de Senadores otorgó el acuerdo en la última sesión del año, aunque el proceso quedó marcado por el rechazo explícito de legisladores opositores, quienes advirtieron que al menos 11 de los uniformados ascendidos arrastran antecedentes que, a su criterio, debieron ser evaluados con mayor rigor antes de conceder el aval legislativo.
El eje central de la controversia gira en torno al polígrafo, herramienta que fue utilizada como prueba determinante para habilitar los ascensos. Desde la oposición se sostiene que este mecanismo no solo carece de validez legal suficiente, sino que además fue incorporado de manera irregular. El senador Rafael Filizzola denunció que el Ministerio del Interior vulneró la normativa vigente al convertir el polígrafo en un filtro excluyente, señalando que se trata de una práctica que no es utilizada como criterio decisivo en sistemas democráticos comparables.
Las críticas se profundizaron ante la falta de transparencia. Legisladores reclamaron sin éxito el acceso a los resultados de las pruebas, tanto de quienes aprobaron como de aquellos que quedaron fuera del proceso. La senadora Yolanda Paredes afirmó que la negativa a entregar esa información mancha todo el procedimiento y compromete la legitimidad de los ascensos, al tiempo de responsabilizar directamente al ministro del Interior, Enrique Riera, por no brindar explicaciones claras.
Desde el oficialismo, en cambio, se argumentó que los informes del polígrafo tienen carácter reservado por disposición legal, postura que fue defendida por legisladores como Javier Zacarías Irún. Sin embargo, este argumento no logró desactivar las críticas sobre el hecho de que el decreto reglamentario que respalda el uso de esta prueba habría sido emitido con posterioridad a la realización de los exámenes, un punto que alimenta sospechas sobre la legalidad del procedimiento.
En cuanto a los ascensos concretados, siete comisarios generales fueron promovidos al máximo rango de comisario general director, mientras que otros 27 oficiales pasaron al grado de comisario general inspector. Entre estos últimos figura un familiar directo del actual comandante de la Policía Nacional, situación que también fue señalada por la oposición como un elemento que refuerza la percepción de discrecionalidad en las decisiones.
El debate está lejos de cerrarse. En el Senado ya se encuentra en estudio un proyecto de ley que busca modificar la reforma policial vigente, con el objetivo de eliminar el polígrafo como prueba excluyente e incorporar criterios alternativos como el examen de correspondencia patrimonial. Pese a este escenario y a los cuestionamientos previos, el Ejecutivo decidió avanzar con los ascensos, dejando instalada una polémica que promete extenderse al inicio del próximo año legislativo y que vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control y transparencia dentro de la Policía Nacional.
EL NACIONAL
