Sin IPS y con salarios atrasados, trabajadores de Capasa esperan intervención de Alliana
La crisis que atraviesa Cañas Paraguayas S.A. (Capasa) continúa afectando a sus trabajadores, quienes piden al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, que no se olvide de la situación de los más de 100 funcionarios que siguen cumpliendo sus tareas pese a las dificultades económicas y laborales que enfrenta la empresa pública.
A través de una denuncia que llegó al diario El Nacional, una trabajadora de la institución manifestó la preocupación del funcionariado por la falta de respuestas y la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. Según señaló, actualmente permanecen alrededor de 109 empleados, luego de que en diciembre pasado más de 50 funcionarios fueran desvinculados.
Los trabajadores aseguran que siguen asistiendo a sus puestos pese a los retrasos en el pago de salarios y a que no pueden utilizar la cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque se les realizan los descuentos correspondientes. La situación se prolonga desde hace varios meses y afecta especialmente a quienes necesitan atención médica.
La denunciante mencionó el caso de una funcionaria de 49 años que permanece encamada y no puede acceder a la atención del IPS. Además, necesita una junta médica para avanzar con su trámite jubilatorio, pero la falta de cobertura dificulta que pueda resolver su situación.
La preocupación también alcanza a los trabajadores que acumulan más de 20 años de antigüedad y temen perder sus puestos de trabajo después de tantos años de servicio. Pese a las condiciones, continúan presentándose en la empresa porque no quieren abandonar sus fuentes de ingreso ni renunciar a los derechos laborales que fueron construyendo.
Sin respuestas de la administración
Los funcionarios también manifiestan su preocupación por la falta de respuestas de la actual administración, encabezada por José Barbosa, presidente de Capasa. Según la denuncia, hasta el momento no recibieron una solución concreta a sus reclamos por los salarios atrasados, la falta de cobertura del IPS y la incertidumbre laboral.
A la crisis laboral se suma la falta de producción, que compromete el funcionamiento de la empresa y sus compromisos con proveedores, cañeros y otros sectores vinculados a la actividad. De acuerdo con la denuncia, la deuda acumulada rondaría los G. 13.000 millones, situación que mantiene a la institución en una complicada condición financiera y operativa. "José Ocampos nos dejó con una deuda de 13.000 millones y no se puede saldar, no tenemos producción, tenemos el pago a cuota, hay compañeras en camadas que no pueden usar su IPS", lamentó.
Piden una solución a Alliana
Los trabajadores consideran que es momento de que el nuevo Gobierno atienda la situación y establezca una salida para la empresa y sus funcionarios. El reclamo apunta a que se defina si existe un plan para recuperar Capasa, reactivar la producción y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales. "Es momento de que el presidente de la República pueda escuchar nuestro reclamo y darnos una solución", expresó la trabajadora, al insistir en que los funcionarios continúan cumpliendo sus tareas a pesar de las dificultades.
Asimismo, manifestó su preocupación por el tiempo que lleva sin resolverse el problema y por la posibilidad de que los reclamos vuelvan a quedar postergados con el cierre de las actividades legislativas.
Los trabajadores esperan que Pedro Alliana tome conocimiento de la situación y dé una respuesta a los 109 funcionarios que siguen aferrados a sus puestos de trabajo, pese a los salarios pendientes, la falta de cobertura médica y la incertidumbre sobre el futuro de la empresa pública.
EL NACIONAL