Fiscalía pide 12 años de cárcel para Hernán Rivas y que se investigue a otras 7 personas por testimonio falso
Los fiscales Patricia Sánchez, Christian Benítez y Luz Guerrero, en la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público dentro del juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas, pidieron una pena de 12 años de cárcel por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los fiscales solicitaron además que se investigue por presunto testimonio falso a siete personas que declararon en el juicio: Aurelio Marecos, excoordinador de alumnos y docentes de la Universidad Sudamericana; Mario Antúnez, docente de la misma casa de estudios; Victorina Elizeche, exalumna; Ever Rogelio Ortiz, también exalumno; Nancy Barúa, exsecretaria de la universidad; Nilda Rosa Rojas Melgarejo, auditora del Ministerio de Educación y Ciencias; y Hermann Weisensee, exasesor jurídico y exrector de la Universidad Sudamericana.
Ortiz fue el último testigo en declarar en el juicio, el 16 de septiembre. Con su testimonio se cerró la etapa testimonial y el Tribunal de Sentencia habilitó la instancia de alegatos finales, en la que expuso primero la Fiscalía.
En su declaración, Ortiz había aclarado que no ubicaba a Rivas durante su época de estudiante en Ciudad del Este, y que lo identificó recién más adelante, en un encuentro político en la casa de quien entonces era Marito Rolón, adonde Rivas llegó junto a Víctor Bogado y la actual diputada Johanna Vega. Según relató, en esa ocasión Rivas se presentó como abogado y ambos coincidieron en haber estudiado en Ciudad del Este. Ortiz agregó que él mismo entregó su tesina en diciembre de 2016, en Luque.
El juicio continuará el jueves 24 de septiembre, a las 9:30, con la presentación de los alegatos finales de la defensa. Ese día concluirá el proceso.
Rivas está acusado por el registro de su título de abogado ante el Ministerio de Educación y Ciencias, presuntamente obtenido en la Universidad Sudamericana.
Antecedentes del caso
El origen del expediente se remonta al 8 de junio de 2020, cuando el entonces rector de la Universidad Sudamericana, Euclides Acevedo, presentó ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la solicitud de registro del título de abogado de Rivas. Al día siguiente, en un lapso de apenas seis minutos —de las 12:50 a las 12:56—, el MEC emitió el dictamen favorable y la resolución que registró el título; ese mismo día, a las 14:00, Rivas juró como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), organismo que llegó a presidir.
La causa judicial contra Rivas comenzó a sustanciarse en agosto de 2026. El 13 de agosto declararon como testigos la exsenadora Kattya González, el diputado Raúl Benítez y el exdiputado Hugo Ramírez, este último autor de la moción que impulsó a Rivas ante el JEM y quien expresó públicamente su arrepentimiento. El 14 de agosto declararon otros cuatro testigos —Guillermo Guido Gauto, Livio Antonio Díaz Flores, Elia Ramón González y Lourdes Mabel Giménez Martínez—, todos exalumnos o exfuncionarios de la Universidad Sudamericana que coincidieron en no conocer a Rivas.
El 17 de agosto declaró vía telemática el senador Pedro «Pipo» Díaz Verón, quien explicó el mecanismo de elección de representantes ante el JEM, y luego los periodistas Santiago González y Orlando Bareiro; este último relató una investigación de 2016 en la localidad de María Auxiliadora, donde vecinos de Rivas decían no saber que era abogado.
El 25 de agosto declararon Rodrigo Emilio Ramírez (exjefe de investigación de Transparencia del MEC), Andrea Carolina Estigarribia (exjefa de Registro de Título de Grado del MEC, quien afirmó que el entonces ministro Eduardo Petta le pidió directamente registrar el título de Rivas pese a inconsistencias), Casimiro Marín (auditoría interna del MEC), Carlos Alberto Carvalho y Ana Elizabeth Araujo (ambos exalumnos que dijeron no haber visto nunca a Rivas en la universidad).
Ese mismo día declaró también, por vía telemática, el propio Eduardo Petta, quien negó haber tenido contacto directo con Rivas y sostuvo que los informes de la época no afirmaban que el título fuera falso, sino que apuntaban a un problema administrativo (la carrera de Derecho no estaba catastrada ante el CONES).
El 3 de septiembre declaró Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, quien confirmó que Rivas se autopostuló como abogado ante la bancada colorada y que no existe archivo de títulos en el Congreso; también declaró Ana Carmen Coronil Rojas, exalumna que dijo no conocerlo. El 16 de septiembre declaró Ever Rogelio Ortiz, último testigo del juicio, con lo que se cerró la etapa testimonial.
En reportes anteriores de este mismo proceso se había estimado que Rivas se exponía a una pena de hasta 11 años de cárcel; en los alegatos finales del 21 de septiembre, la Fiscalía solicitó formalmente una condena de 12 años.
ÑANDUTI
