Fiscalía imputa al presidente de APA y a sus directivos por presunta lesión de confianza
Los fiscales Leonardi Guerrero y Julio Ortiz formularon imputación en contra de cuatro directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA), entre ellos, el presidente de la entidad, por un presunto hecho punible de lesión de confianza. El hecho habría dejado un perjuicio patrimonial de 1990 millones de guaraníes.
Según la carpeta de investigación, el daño económico estaría relacionado con la utilización de recursos institucionales para financiar el Programa JOPOI 2025. La imputación alcanza David Herminio Portillo Biancotti quien se desempeña como presidente de la entidad, seguido por el director general Humberto Victorio Rodas Orué, Juan José María Vidal Bonin quien cumple el rol de director administrativo y financiero; y el tesorero de APA Walter Mario Cabrera Martínez conocido como “Walter Flou”.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los directivos imputados habrían intervenido en la disposición y utilización de recursos institucionales destinados al financiamiento del Programa JOPOI 2025, incluyendo la utilización de G. 696.794.530, correspondientes a intereses de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), sin contar con autorización previa y específica.
Asimismo, se investiga la presunta simulación de contrataciones para la adquisición de productos a valores superiores a los reales, mediante la utilización de proveedores que no habrían participado en las operaciones. Según los elementos reunidos, los pagos se habrían efectuado en efectivo a una tercera persona.
Entre los elementos considerados en la investigación se encuentran informes de fiscalización y auditoría de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), declaraciones testimoniales recabadas durante la investigación. Así como información proporcionada por la DINAPI, según la cual los propietarios de la denominada “Despensa Gabrielito” habrían negado haber contratado con APA o suministrado los bienes consignados en las facturas presentadas.
Además de análisis cronológicos que señalaron que algunas contrataciones y facturaciones se realizaron antes de la autorización formal para la utilización de los intereses de CDA. Como también antecedentes relacionados con el mantenimiento de fondos irrepartibles por períodos que excedían el plazo legal, en presunta contravención de la Ley n.º 1328/1998.
En consecuencia, la Fiscalía solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión y un plazo de seis meses para concluir la investigación.
