Justicia ordena a Casas Bahía revertir los despidos, vea como quedan los funcionarios
La orden judicial fue concedida el martes por la noche (18) por la jueza Katarina Roberta Mousinho de Matos, del 11º Tribunal Laboral de Brasilia, en una demanda presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores Obreros (CNTC).
El magistrado subrayó que la decisión es provisional y se tomó basándose en un análisis inicial del caso, sin presentar un juicio definitivo sobre la validez de los desestimados.
- La decisión involucra a varios trabajadores que aún no están completamente definidos. La CNTC afirma que unos 1.900 empleados fueron despedidos los días 13 y 14 de agosto. Sin embargo, la propia Casas Bahía informó en la solicitud de reorganización judicial que aproximadamente 3.000 trabajadores fueron despedidos en esta nueva etapa de la reestructuración.
Según el juez, el número exacto de empleados afectados seguirá definiéndose a lo largo del proceso.
Además de determinar el restablecimiento temporal de las relaciones laborales, el juez prohibió a la empresa promover nuevos despidos colectivos vinculados a la reestructuración sin la intervención previa de las entidades sindicales.
La decisión también obliga al minorista a iniciar de inmediato un proceso formal de negociación y diálogo con los sindicatos y federaciones que representan a los trabajadores.
La decisión se produce en medio del agravamiento de la crisis financiera del minorista. Dos días antes, el 16 de agosto, el Grupo Casas Bahía había solicitado la reorganización judicial para renegociar unas deudas de unos R$ 17.300 millones y mantener las operaciones.
La demanda fue presentada por CNTC tras la reestructuración anunciada por la empresa en agosto.
Según la entidad, entre el 13 y el 14 de agosto, la empresa promovió una operación nacional que resultó en el cierre de 298 tiendas y el despido concentrado de aproximadamente 1.900 trabajadores, sin la participación previa de los sindicatos. La entidad solicitó que la investigación también alcance posibles despidos realizados hasta el 17 de agosto relacionados con la misma operación.
El juez señaló que los documentos presentados por la propia Casas Bahía confirman que el cierre de tiendas y la reducción de personal forman parte de una única estrategia empresarial llamada "Plan de Transformación – Fase 2".
¿Qué tendrá que hacer Casas Bahía?
La empresa dispondrá de cinco días, contados desde la citación, para restablecer provisionalmente las relaciones laborales de los trabajadores cubiertos por los despidos realizados los días 13 y 14 de agosto, así como los despidos que se produjeron hasta el 17 de agosto y que forman parte de la misma operación colectiva.
En la práctica, los trabajadores tendrán que volver a la nómina y se les restablecerán los beneficios vinculados a los contratos laborales, explica Ronaldo Tolentino, abogado laboral.
Sin embargo, la decisión deja claro que esto no significa un regreso automático a los antiguos empleos. La empresa puede reubicar empleados o mantenerlos en permiso remunerado mientras la medida esté en vigor.
"Aquellos trabajadores despedidos ven su contrato de trabajo restablecido de forma normal, con todos los derechos y obligaciones (...) La prestación efectiva del servicio dependerá de cada situación. Para los empleados que trabajaron en tiendas cerradas, dependerá de nuevas directrices del empleador", dice el abogado.
Los planes de salud y otros beneficios de asistencia que eventualmente se cancelen debido a despidos también deben reactivarse en un plazo de 48 horas.
Otro punto relevante de la decisión involucra a trabajadores que ya han recibido indemnización.
El juez determinó expresamente que no es necesario devolver estas cantidades en este momento.
Cualquier discusión sobre futuras compensaciones, restituciones u otros ajustes financieros será analizada posteriormente, tras la presentación de la defensa de la empresa y el profundo de la instrucción procesal.
Además del restablecimiento de los contratos, Casas Bahía dispondrá de 48 horas para convocar a la CNTC, federaciones y sindicatos de las bases afectadas por la reestructuración e iniciar formalmente el procedimiento de intervención sindical relacionado con la Fase 2 del plan.
La empresa debe presentar información general sobre:
- unidades afectadas;
- número de emisoras afectadas;
- pasos ya ejecutados;
- las fases aún estaban planificadas;
- Se consideran alternativas de reubicación.
La decisión enfatiza que la obligación es negociar y proporcionar información, no alcanzar un acuerdo vinculante con los sindicatos.
La orden judicial también exige que la empresa conserve documentos y registros relacionados con la Fase 2 de la reestructuración.
La orden abarca correos electrónicos corporativos, mensajes internos, hojas de cálculo, documentos de recursos humanos, archivos en la nube, copias de seguridad, registros de nóminas, historiales de cambios y otra información relacionada con cierres y despidos de tiendas.
Si la empresa no restablece los contratos dentro del plazo establecido, puede pagar una multa de R$ 500 por día por cada trabajador afectado, inicialmente limitada al equivalente a diez remuneraciones mensuales por empleado.
Si los nuevos despidos colectivos relacionados con la Fase 2 se llevan a cabo sin intervención sindical previa, la multa prevista es de R$ 10 mil por cada trabajador despedido en desacuerdo con la orden judicial.
También se establecieron multas por cualquier incumplimiento de las determinaciones sobre la conservación de documentos y la entrega de la información requerida por el Tribunal.
La crisis financiera ha empeorado en los últimos años
La decisión llega en el momento más delicado de la crisis financiera de la empresa.
En la solicitud de reorganización judicial presentada ante el Tribunal de São Paulo, el Grupo Casas Bahía afirmó que se enfrentaba a la peor crisis financiera de su historia.
La empresa atribuye las dificultades al prolongado periodo de altos tipos de interés, al aumento de la morosidad, a la caída en el consumo de bienes duraderos y a los cambios en el comportamiento del consumidor.
Según la empresa, el proceso de reestructuración comenzó en 2023. Ese año, se cerraron 55 tiendas consideradas deficitarias y se eliminaron unos 8.600 empleos.
La situación empeoró en 2026. Según la solicitud de bancarrota, solo en agosto la empresa cerró cerca de 300 tiendas y despidió a aproximadamente 3.000 trabajadores como parte de un esfuerzo por reducir gastos y reorganizar las finanzas.
Teniendo en cuenta las dos fases de la reestructuración, el minorista afirma haber cerrado las actividades de unas 355 tiendas y eliminado aproximadamente 11,6 mil empleos desde el inicio del proceso.
A pesar de los recortes, la empresa afirma que sigue siendo económicamente viable. Según la petición presentada ante el tribunal, el grupo aún cuenta con más de 20.000 empleados y más de 700 tiendas en funcionamiento en el país.
Otro punto analizado por el juez fue la solicitud de reorganización judicial presentada por Casas Bahía el 16 de agosto. La solicitud se produjo apenas dos días después del periodo señalado en la demanda laboral como el principal momento de despidos colectivos.
Según la decisión, la reorganización judicial no impide al Tribunal Laboral analizar si los despidos cumplieron las normas aplicables a los despidos colectivos.
Por ello, el magistrado determinó que el tribunal responsable del proceso de reorganización judicial en São Paulo fuera informado sobre la decisión laboral. La medida busca permitir la cooperación entre ambos procesos.
La decisión aún no pone fin al debate sobre los despidos.
La orden judicial fue concedida basándose en un análisis inicial del caso. Casas Bahía tendrá un plazo para presentar su defensa y podrá entregar documentos que demuestren, por ejemplo, cualquier negociación previa con los sindicatos.
Sin embargo, hasta que no se tome una nueva decisión, los efectos de los desestimos cubiertos por la orden judicial quedan suspendidos.
Fuente: G1
