El INDERT denuncia ante la Fiscalía un esquema de estafa por 15 millones de dólares
Allí entregó una denuncia formal contenida en una carpeta de 64 hojas y un disco compacto con evidencias digitales. La acusación apunta directamente a la administración anterior, señalando a la expresidenta Gail González Yaluff y al funcionario municipal Héctor Urbano Parodi como los artífices de una maniobra para despojar a la institución de tierras estratégicas.
Ruiz Díaz explicó que la investigación interna comenzó tras notar irregularidades en la oficina del Chaco. Al intervenir dicha dependencia, encontraron solo el 60% de los expedientes físicos; el 40% restante había desaparecido o no estaba disponible. Ante la gravedad de la situación, el presidente ordenó el resguardo de casi 7.000 expedientes para su digitalización. Fue en ese proceso y gracias a publicaciones periodísticas que saltó la alarma sobre un acuerdo multimillonario que involucraba un inmueble en la Región Oriental y tierras en la zona del puente bioceánico.
La ingeniería del fraude: Deuda artificial y permuta ilegal
El esquema denunciado es complejo y audaz. Todo inicia con un inmueble de 1.400 hectáreas en el distrito de Itakyry, Alto Paraná, ocupado por el asentamiento «Paz del Chaco». Héctor Urbano Parodi, quien figura como dueño, logró una actualización de la tasación que elevó el precio de la tierra a 100 millones de guaraníes por hectárea. Los propios campesinos alertaron a Ruiz Díaz sobre lo absurdo del monto. Ellos le dijeron que «apenas tienen zapatillas atadas con alambre» y que jamás podrían pagar esa suma sideral por lotes de reforma agraria.
Con este valor inflado, se generó una deuda artificial contra el INDERT de aproximadamente 15 millones de dólares. Como la institución no disponía de ese dinero, se diseñó la solución: una permuta. El plan consistía en que Parodi se cobrara la deuda recibiendo tierras fiscales en el Chaco. Sin embargo, Ruiz Díaz reveló un detalle jurídico clave. El acuerdo original fue modificado el 17 de agosto de 2023, apenas días antes del cambio de gobierno. En esa modificación, firmada por Gail González Yaluff, se introdujo la cláusula de permuta sin la aprobación de la Junta Asesora, violando flagrantemente la ley.
Título falso y tierras inexistentes
La investigación fue más allá del acuerdo financiero. El equipo jurídico del INDERT rastreó el origen del título de propiedad presentado por Parodi en Itakyry. Al consultar con la Dirección General de los Registros Públicos, se encontraron con una sorpresa. La finca matriz de donde supuestamente se desprenden las 1.400 hectáreas «no tiene resto». En términos registrales, esto significa que el título privado está superpuesto a un inmueble fiscal del Estado.
Ruiz Díaz fue contundente al afirmar que se trataría de un título falso. Existen denuncias previas de la escribana Wilma Cabrera desde 2021 sobre producción de documentos no auténticos en esa misma finca. Además, hay dictámenes de la Corte Suprema de Justicia que ordenan el resguardo del inmueble. A pesar de estas alertas, la administración de Gail González Yaluff procedió a firmar el acuerdo en 2022, aceptando un título cuestionado para generar una deuda millonaria y comprometer el patrimonio chaqueño.
El negocio del «Boom» inmobiliario en el Chaco
El trasfondo real de esta operación es la especulación inmobiliaria en torno al Corredor Bioceánico. Ruiz Díaz mostró datos reveladores sobre el comportamiento de las adjudicaciones. Antes del 2020, «nadie quería vivir» en Carmelo Peralta ni en Pozo Hondo; las adjudicaciones eran nulas. Sin embargo, con el inicio de las obras del puente, hubo una explosión de solicitudes. Entre 2020 y agosto de 2023, se adjudicaron más de 10.000 hectáreas en la zona.
El negocio era redondo. Mediante el acuerdo, Parodi recibiría las tierras chaqueñas a un precio administrativo de 85 dólares la hectárea. Pero al tener un contrato por escritura pública y no como beneficiario de reforma agraria, no tenía las restricciones de venta (prohibición de vender por 10 años). El presidente del INDERT señaló que estas tierras se están ofreciendo en el mercado a 20.000, 30.000 y hasta 50.000 dólares la hectárea. La diferencia es una ganancia astronómica a costa del Estado.
3.500 millones de dólares en juego
Las cifras macroeconómicas presentadas son alarmantes. El equipo técnico estimó el valor total de las transacciones inmobiliarias en riesgo a lo largo del trayecto bioceánico. El monto asciende a unos 3.500 millones de dólares, lo que representa cerca del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay. Ruiz Díaz advirtió que grandes corporaciones nacionales e internacionales estarían detrás de estos movimientos, utilizando prestanombres para acaparar la tierra.
Para graficar la desproporción, el titular mostró un cuadro comparativo. La administración de Yaluff es responsable del 99,4% de las adjudicaciones cuestionadas en la zona. La administración actual solo adjudicó el 0,6% (unas 62 hectáreas) tras retomar el control. Con esto, Ruiz Díaz desmintió las acusaciones de que él estaba «regalando» el Chaco, devolviendo la responsabilidad a la gestión anterior.
Medidas drásticas: Suspensión y zona de protección
Ante este escenario, el INDERT anunció cuatro medidas inmediatas. Primero, se impulsará la investigación penal por estafa y producción de documentos falsos. Segundo, se ordenó la suspensión total de las adjudicaciones de esas 10.000 hectáreas en Carmelo Peralta y Pozo Hondo. Tercero, se creará un equipo especial para revisar expediente por expediente, buscando anular las entregas irregulares.
Finalmente, se establecerá una «Zona de Protección Patrimonial». Esta franja abarcará todo el trayecto desde Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo. El objetivo es aplicar nuevos métodos de valuación fiscal. Ya no se utilizarán los precios irrisorios del estatuto agrario para estas tierras premium. El Estado buscará capturar la plusvalía generada por el puente bioceánico, asegurando que el beneficio de la inversión pública retorne a la ciudadanía y no a especuladores con información privilegiada.
