Fiscalía indaga producción clandestina de medicamentos para adelgazar
La pesquisa, a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando, se encuentra en una etapa de ampliación de diligencias e incluye pedidos de informes a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y al Ministerio de Salud. El objetivo es determinar la procedencia de los productos, su eventual registro sanitario y las posibles responsabilidades derivadas de su fabricación y comercialización.
La investigación cobró fuerza tras una serie de allanamientos realizados en Hernandarias y Ciudad del Este, donde agentes fiscales y policiales, acompañados por técnicos de Dinavisa, incautaron importantes cantidades de sustancias e insumos utilizados presuntamente para la preparación y distribución de compuestos destinados al tratamiento de la obesidad y otros procedimientos médicos.
Durante una de las intervenciones fueron hallados frascos rotulados como Retatrutide y Tirzepatide, principios activos asociados a tratamientos para el control de peso y enfermedades metabólicas, además de otros productos e insumos que serán sometidos a análisis. Los investigadores buscan establecer si estas sustancias eran elaboradas, reenvasadas o distribuidas fuera de los controles exigidos por las autoridades sanitarias.
En otro procedimiento realizado en una clínica privada de Ciudad del Este fueron encontrados kits y ampollas destinadas a diversos tratamientos, incluyendo programas para pérdida de peso, aumento de masa muscular, fortalecimiento del sistema inmunológico y procedimientos estéticos. Los elementos fueron incautados para su evaluación técnica y pericial.
Las sospechas de la Fiscalía se originaron a partir de la detención de un joven de 21 años el pasado 9 de junio, cuando transportaba centenares de frascos de medicamentos presuntamente falsificados. Entre los productos encontrados figuraban compuestos comercializados para tratamientos de reducción de peso, sin que existiera documentación que acreditara su origen legal o autorización para su circulación.
El caso genera preocupación debido a los potenciales riesgos para la salud pública que podría representar la distribución de sustancias inyectables sin garantías sobre su composición, condiciones de elaboración o controles de calidad. Las autoridades buscan determinar si detrás de los productos incautados operaba una estructura dedicada a la fabricación, acondicionamiento o comercialización irregular de medicamentos que podrían haber llegado a pacientes sin supervisión ni respaldo sanitario.
Por el momento, uno de los involucrados ya fue imputado por presunta violación de derechos de marcas, mientras la Fiscalía continúa reuniendo evidencias para esclarecer el alcance de las operaciones detectadas y definir si existen otros hechos punibles vinculados a la causa.
