El fracaso penitenciario
La fuga de dos condenados de Emboscada destapó sospechas de complicidad, privilegios y una cadena de responsabilidades que sacude al Ministerio de Justicia. Con más de 20.000 internos, un 61% sin condena y establecimientos hacinados, el escándalo expone las profundas debilidades del sistema penitenciario.
La crisis del sistema penitenciario paraguayo volvió a quedar al descubierto con una sucesión de acontecimientos que trascendieron ampliamente la fuga de dos peligrosos reclusos de la cárcel de Emboscada. Lo que inicialmente parecía un grave episodio de vulneración de la seguridad terminó desencadenando detenciones, imputaciones, destituciones, una renuncia en la conducción del Ministerio de Justicia y una investigación sobre presuntos mecanismos de corrupción y privilegios dentro de uno de los establecimientos más modernos del país.
El caso puso bajo cuestionamiento la capacidad del Estado para garantizar la custodia de personas privadas de libertad, especialmente aquellas vinculadas con el crimen organizado. Las sospechas de colaboración de funcionarios, la ausencia de controles elementales, los traslados sin autorización y la existencia de sectores utilizados irregularmente para alojar a determinados internos plantean interrogantes sobre el funcionamiento de la administración penitenciaria.
El episodio adquiere mayor gravedad porque ocurrió en un establecimiento concebido como parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria impulsado por el Gobierno. La infraestructura moderna, los sistemas tecnológicos y los protocolos de seguridad no impidieron que dos condenados abandonaran el recinto mientras los responsables de su custodia incumplían procedimientos fundamentales.
Detrás del escándalo aparece, además, un sistema que alberga a más de 20.000 personas, donde seis de cada diez internos todavía no cuentan con una condena y cuya capacidad de alojamiento continúa siendo insuficiente. A estos problemas se suman las denuncias históricas de corrupción, las condiciones de trabajo del personal, las dificultades de reinserción social y la influencia de organizaciones criminales.
Una fuga que desató el escándalo
La madrugada del 25 de octubre, Ever Alejandro Ozuna López, conocido como Tanchí, y Robert Arsenio Merlo Villalba escaparon del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, departamento de Cordillera.
Ambos registran antecedentes y condenas por hechos graves, entre ellos secuestro, homicidio y delitos vinculados con el narcotráfico. Se encontraban alojados en el módulo 7 del establecimiento penitenciario.
De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, los reclusos habrían cortado los barrotes de una ventana y utilizado cuerdas confeccionadas con sábanas y frazadas para descender y superar las barreras de seguridad.
Sin embargo, las circunstancias registradas por las cámaras de vigilancia y las primeras diligencias fiscales comenzaron a revelar una situación mucho más compleja que una fuga convencional.
Los investigadores detectaron la ausencia de guardias en sectores estratégicos, el incumplimiento de las rondas perimetrales obligatorias y movimientos sospechosos del personal penitenciario. También surgieron cuestionamientos sobre la asignación de funcionarios y la falta de vigilancia en el trayecto utilizado por los fugitivos.
Una de las explicaciones ofrecidas inicialmente para justificar la ausencia de controles fue la lluvia. No obstante, la revisión de las grabaciones no permitió constatar condiciones climáticas que justificaran la suspensión de las tareas de vigilancia, según indicó la fiscala Fabiola Sosa.
Las irregularidades llevaron al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, a plantear que el episodio podría constituir una liberación de presos, antes que una fuga ejecutada únicamente por los internos.
Hasta el cierre de esta edición, los dos condenados continuaban prófugos y las autoridades mantenían las tareas de búsqueda.
Sospechas de corrupción y encubrimiento
La investigación dio un giro cuando los agentes fiscales y policiales comenzaron a examinar lo ocurrido dentro de la penitenciaría inmediatamente después del escape.
Las cámaras de seguridad permitieron identificar a un funcionario que abandonó el establecimiento por un acceso no habilitado, transportando un bolso de considerable peso. El seguimiento de ese movimiento condujo hasta una vivienda donde los investigadores incautaron 11 teléfonos celulares, una tableta y cargadores portátiles.
El hallazgo abrió una nueva línea de investigación relacionada con la presencia de dispositivos electrónicos prohibidos dentro del penal y la presunta participación de funcionarios en su ocultamiento.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, autoridades penitenciarias habrían ordenado retirar los equipos antes de la llegada de los organismos investigadores, ante la posibilidad de que se realizara una requisa general.
La existencia de teléfonos dentro de sectores sometidos a estrictas medidas de seguridad plantea otro problema: el eventual ingreso de elementos prohibidos mediante la colaboración de personas encargadas de impedir precisamente ese tipo de irregularidades.
La fiscala Sosa advirtió que un agente subalterno difícilmente podría introducir o retirar determinados objetos sin superar distintos controles internos, por lo que las pesquisas apuntan a establecer posibles responsabilidades en niveles superiores de la estructura penitenciaria.
Los dispositivos incautados quedaron bajo análisis pericial para determinar sus usuarios y establecer si contienen información relevante sobre las irregularidades investigadas.
La existencia de teléfonos dentro de sectores sometidos a estrictas medidas de seguridad plantea otro problema: el eventual ingreso de elementos prohibidos mediante la colaboración de personas encargadas de impedir precisamente ese tipo de irregularidades.
La fiscala Sosa advirtió que un agente subalterno difícilmente podría introducir o retirar determinados objetos sin superar distintos controles internos, por lo que las pesquisas apuntan a establecer posibles responsabilidades en niveles superiores de la estructura penitenciaria.
Los dispositivos incautados quedaron bajo análisis pericial para determinar sus usuarios y establecer si contienen información relevante sobre las irregularidades investigadas.
EL NACIONAL
