Cae jefe de Clínica Forense por presunta coima y extorsión
La estructura técnica del Ministerio Público se vio sacudida este viernes (6) tras la detención del Dr. César Ismael Villalba, jefe de la Clínica Forense de la institución. El procedimiento, realizado bajo la modalidad de entrega vigilada, sacó a la luz un presunto esquema de extorsión que operaba desde una de las oficinas más sensibles para la resolución de causas judiciales: la encargada de certificar lesiones y estados de salud de procesados y víctimas.
El operativo fue liderado por los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Según los datos preliminares, el funcionario fue capturado en el momento exacto en que recibía una suma de dinero en efectivo que previamente había sido marcada por orden judicial. La denuncia que dio origen al caso señalaba que Villalba exigía pagos para agilizar o favorecer dictámenes médicos que resultan determinantes en diversas carpetas fiscales.
El modus operandi investigado consistía en presionar a personas vinculadas a procesos judiciales, solicitándoles beneficios económicos para otorgar informes forenses "a medida". Esta práctica no solo constituye un delito de coima y extorsión, sino que representa un golpe directo a la objetividad de las pruebas periciales, pilar fundamental para que los fiscales y jueces tomen decisiones basadas en la verdad científica.
Desde la Fiscalía General del Estado se informó que se abrirá un sumario administrativo paralelo a la imputación penal, buscando deslindar responsabilidades y determinar si existían otros funcionarios implicados en esta red de recaudación paralela. El fiscal Luis Piñánez confirmó a los medios que cuentan con grabaciones y evidencias documentales que comprometen seriamente al ahora detenido.
Este nuevo episodio de corrupción interna pone bajo la lupa la necesidad de reformar los controles de integridad en las dependencias técnicas de la Justicia. La Clínica Forense, encargada de pericias que pueden decidir la libertad o el encierro de un ciudadano, queda hoy marcada por la sombra de la venalidad, obligando a una revisión exhaustiva de los dictámenes emitidos bajo la actual gestión para garantizar que no hayan sido producto de una transacción económica.
EL NACIONAL
