Sin más excusas: Diputados debe tratar y aprobar la ley de datos personales
Hoy la Cámara de Diputados vuelve a tener en agenda el proyecto de ley de protección de datos personales, una normativa clave para otorgar un marco legal de resguardo a la información de millones de personas. Tras semanas de postergaciones, el límite es claro: si no se aprueba antes del 8 de noviembre, se impondrá automáticamente la versión del Senado, con artículos que podrían debilitar el acceso a la información pública.
Un proyecto que no avanza
El texto fue aprobado en general y particular por Diputados en mayo de este año. Luego pasó al Senado, donde se introdujeron modificaciones que encendieron alertas entre organizaciones de la sociedad civil. Desde el 12 de agosto, la Cámara Baja ha evitado llevarlo al pleno, prolongando indefinidamente el debate.
La amenaza de la versión del Senado
Las enmiendas del Senado incluyen cambios en el artículo 24, que vincula la protección de datos personales con el acceso a la información pública. La redacción abre la puerta a que datos de funcionarios solo puedan divulgarse con su consentimiento, lo que significaría un retroceso grave en materia de transparencia. Además, se amplían las categorías de datos sensibles y se establecen criterios que podrían ser usados discrecionalmente para restringir la publicación de sueldos, planillas y otros documentos de interés ciudadano.
Otro punto polémico es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Aunque se plantea un concurso público para la designación de su director, persisten dudas sobre la verdadera independencia del organismo frente al Poder Ejecutivo.
Riesgo de sanción ficta
El plazo máximo para que Diputados se pronuncie es el 8 de noviembre de 2025. Si no lo hace, se activará la sanción ficta y la versión del Senado quedará firme sin discusión en el pleno. Esto consolidaría un marco legal cuestionado y limitaría las posibilidades de corregir sus falencias antes de su entrada en vigencia.
Una deuda pendiente con la ciudadanía
El país sigue sin un marco legal robusto para proteger los datos personales, lo que deja a la población expuesta al uso indiscriminado de su información por parte de empresas y entidades públicas. Pero la discusión no puede darse a costa del derecho a la información: la transparencia es un pilar de la democracia y no puede ser sacrificada bajo el pretexto de proteger la intimidad.
