Sancionan reforma que frena la caída, pero no la crisis

La sanción de la versión flexibilizada del Senado cerró una de las crisis políticas y sociales más delicadas del arranque legislativo del año. El sistema previsional del sector público evita un desborde inmediato, pero el propio Congreso terminó admitiendo que aprobó apenas un alivio parcial frente a un agujero que desde hace años obliga al Tesoro a cubrir con impuestos generales un déficit cada vez más pesado.

La Cámara de Diputados selló este martes la reforma de la Caja Fiscal con 48 votos, aceptando la versión modificada por el Senado y remitiendo el proyecto al Poder Ejecutivo. El dato político, sin embargo, fue mucho más grande que la votación: el oficialismo terminó retrocediendo respecto a la postura que había defendido con firmeza en febrero y, en el debate, varios de sus propios referentes responsabilizaron al equipo económico por haber empujado una propuesta inicial que les hizo pagar un costo político enorme.

Lo que se aprobó ayer no puede leerse solo como una noticia parlamentaria. En realidad, es el desenlace de una pulseada que expuso tres verdades incómodas al mismo tiempo: que la Caja Fiscal ya no soporta seguir igual, que el Gobierno midió mal el impacto social de su primera versión y que el Congreso terminó corrigiendo por presión de la calle lo que no supo procesar con anticipación en el debate técnico.

La urgencia que nadie pudo seguir pateando

La reforma nació de una necesidad real y cada vez más difícil de disimular. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a fines de diciembre de 2025, con el argumento de que la sostenibilidad del sistema previsional público estaba comprometida por una trayectoria persistente de déficits, especialmente en los sectores donde no existían edades mínimas de retiro o donde los parámetros jubilatorios eran notoriamente más generosos que en otros regímenes.

El trasfondo es severo. Entre 2021 y 2025, el déficit de la Caja Fiscal sumó US$ 1.380 millones, cubiertos en gran medida con recursos tributarios. En paralelo, los informes técnicos del Ministerio de Economía advirtieron que, sin cambios, el déficit acumulado proyectado para 2026-2035 podía trepar a alrededor de US$ 9.820 millones, es decir, cerca de cinco veces el rojo histórico acumulado de la década anterior. El magisterio nacional aparece como uno de los focos más pesados de esa presión financiera.

Incluso en el corto plazo, el deterioro siguió corriendo mientras el Congreso discutía. Datos oficiales a febrero de este año mostraron que el saldo rojo crecía mes a mes, con una diferencia de 43% entre ingresos y pagos, equivalente a unos US$ 68 millones en ese corte. Durante el debate de este martes, además, se habló de un déficit del sistema del orden de US$ 600 millones y de que la ley aprobada apenas reduciría una parte de ese agujero. Más allá de la diferencia entre cortes y metodologías, el mensaje de fondo fue el mismo: la Caja Fiscal entró en una zona donde la inacción ya dejó de ser una opción.

El error político que cambió la discusión

Pero si la necesidad de reformar era clara, la forma en que el oficialismo intentó hacerlo detonó la crisis. La media sanción que Diputados había dado el 5 de febrero a una versión más dura provocó un rechazo inmediato en los sectores afectados, sobre todo entre docentes, directores y gremios universitarios. Aquella propuesta fijaba para educadores edades de retiro muy superiores a las finalmente sancionadas y mantenía un aporte estatal mucho más bajo, trasladando la carga principal del ajuste a los trabajadores.

La reacción fue fulminante. Hubo movilizaciones, amenazas de huelga, paro activo en escuelas, una creciente presión de los gremios y un fuerte desgaste para el cartismo y sus aliados. El conflicto ya no era solo previsional: se volvió político, electoral y simbólico. Los docentes advirtieron incluso sobre consecuencias en las urnas si el Congreso insistía con una reforma que consideraban lesiva para derechos adquiridos.

Esa presión fue la que terminó abriendo una mesa técnica y una negociación política en el Senado, con mediación del vicepresidente Pedro Alliana y protagonismo del senador Silvio Ovelar. Allí empezó a cocinarse la versión "corregida" que hoy terminó imponiéndose en la Cámara Baja. El Gobierno cedió, no tanto por convicción técnica, sino por lo que el propio ministro de Economía terminó describiendo como "realidades políticas".

Qué cambió entre la versión dura y la versión sancionada

La versión finalmente aprobada elevó de inmediato el aporte estatal del 5% al 10%, mantuvo el 19% de aporte para sectores deficitarios y el 16% para los superavitarios, y redujo las edades de jubilación que la media sanción de Diputados había empujado hacia arriba. Para magisterio nacional, docentes universitarios, Instituto de Educación Superior y magistrados judiciales, la jubilación ordinaria quedó en 53 años con 25 años de aporte, con tasas de sustitución de entre 78% y 90%. Para las fuerzas públicas, la edad ordinaria bajó a 55 años, con tasas de sustitución de entre 75% y 90%. También se incorporó el beneficio de maternidad para docentes, reconociendo un año adicional por hijo hasta un máximo de dos.

En la práctica, eso implicó una rectificación importante frente al esquema que había salido de Diputados en febrero, donde para docentes se hablaba de parámetros mucho más severos, con edades de 57 y hasta 62 años, además de una contribución estatal escalonada y más limitada. La diferencia no fue menor: significó pasar de una lógica de ajuste duro a una fórmula de contención política y social.

Ese giro explica por qué el oficialismo llegó hoy a una sesión tensa, incómoda y cargada de reproches internos. En lugar de celebrar una victoria, sus propios voceros hablaron de haber sido expuestos, engañados o inducidos a defender una postura insostenible. La sanción terminó siendo presentada, incluso por figuras oficialistas, como una "corrección madura" y no como la reafirmación del plan original del Ejecutivo.

Una sesión con sabor a rectificación

El debate de este martes dejó una postal política demoledora. Varios diputados cartistas dirigieron sus críticas al ministro Carlos Fernández Valdovinos y al equipo técnico del MEF, a quienes acusaron de haber pintado un escenario "catastrófico" para imponer una versión más dura. Rocío Abed dijo que fueron engañados; Hugo Meza habló de un "apocalipsis" presentado por los técnicos; y otros legisladores sostuvieron abiertamente que la Cámara había quedado en ridículo por haber defendido una propuesta que después tuvo que desmontar.

Ese punto es central porque revela que la reforma no terminó sancionándose como una demostración de autoridad política del Ejecutivo, sino como la admisión de que el primer libreto fracasó. La mayoría que votó la ley no lo hizo reivindicando con entusiasmo el diseño final, sino aceptando una salida que evitara un conflicto mayor con los sectores movilizados. Por eso la palabra que sobrevoló la sesión no fue "solución", sino "parche".

También desde la oposición y los sectores independientes hubo una línea crítica coincidente: que la ley aprobada sirve para ganar tiempo, pero no resuelve el problema estructural. Rocío Vallejo sostuvo que la Caja Fiscal es una herida que sangra por todos lados y que se la está intentando curar con una curita. Johanna Ortega apuntó al clientelismo y a los privilegios acumulados como parte del origen del colapso. Incluso voces que acompañaron la sanción reconocieron que, terminada esta etapa, será inevitable abrir un debate integral sobre todas las cajas y sobre el financiamiento de largo plazo.

Los docentes torcieron el rumbo, pero no se fueron conformes

La otra gran lectura del día es que el magisterio logró torcer la correlación de fuerzas, aunque no obtuvo todo lo que buscaba. La presión sindical fue decisiva para empujar al Senado a revisar el texto y para obligar a Diputados a allanar su postura. El paro nacional de este martes dejó sin actividades a unas 8.000 instituciones educativas, mientras docentes, directores y sectores universitarios se movilizaron en Asunción y en el interior. La UNA declaró paro total y en puntos como Villarrica hubo incluso cierres intermitentes de ruta bajo la lluvia.

Sin embargo, los gremios tampoco consiguieron una victoria plena. La versión del Senado mejoró sustancialmente las condiciones respecto al texto inicial, pero no llegó al reclamo máximo de una jubilación docente a los 53 años con 80% garantizado en todos los casos. De hecho, dirigentes del sector admitieron que la ley aprobada era "la menos perjudicial", no necesariamente la deseada. Además, ya adelantaron que buscarán compensaciones salariales en el próximo presupuesto por el aumento del aporte al 19%.

Eso significa que el conflicto social no desaparece con la promulgación. Solo cambia de escenario. La presión que hasta ahora estuvo puesta sobre la edad de retiro y la tasa de sustitución puede trasladarse desde mañana mismo al salario básico profesional, a la reglamentación de la ley y al reclamo de una reforma previsional más amplia y menos improvisada.

El alivio que promete la ley y el límite de ese alivio

Desde el punto de vista fiscal, el proyecto sancionado sí ofrece un respiro. El propio análisis actuarial oficial sobre la media sanción de Diputados ya mostraba que una reforma parcial podía reducir a la mitad la presión del déficit sobre la economía en la próxima década, estabilizando el rojo alrededor de 0,5% del PIB en los primeros años y moderando el pasivo contingente acumulado. También hablaba de ahorros promedio anuales de US$ 490 millones en los primeros cinco años, US$ 638 millones a diez años y US$ 757 millones a veinte años.

Pero el problema es que la versión sancionada no es aquella media sanción que el equipo económico defendía como suficientemente robusta, sino una variante más flexible que, según la discusión legislativa y el propio seguimiento periodístico del proceso, cubre apenas cerca del 50% del déficit. Es decir: la reforma contiene, ordena y desacelera el deterioro, pero no clausura la crisis. El Estado seguirá teniendo que poner recursos considerables para sostener el sistema.

Ese es, probablemente, el nudo de fondo de todo este episodio. El Congreso terminó aprobando una ley necesaria, pero insuficiente; urgente, pero incompleta; políticamente viable, pero fiscalmente corta. En otras palabras, evitó el peor escenario inmediato, aunque dejó intacta la certeza de que otra reforma volverá a estar sobre la mesa más temprano que tarde.