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El diputado colorado Miguel Cuevas se presentó nuevamente este viernes ante el juez Yoan Paul López para su audiencia de imposición de medidas, tras establecerse en la víspera un cuarto intermedio.
La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva del parlamentario y el magistrado se allanó al pedido del Ministerio Público.
El legislador colorado está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa, debido a aparentes irregularidades relacionadas a su gestión como gobernador de Paraguarí.
La defensa del político sostuvo que la tasación del inmueble, fundamento principal de su imputación, "es una mentira". El letrado dijo que es necesaria una pericia contable para determinar si realmente hay una diferencia en sus ingresos.
“El perito de la Fiscalía mintió y ese es el fundamento de su imputación. En julio presentó su imputación y para agosto no hizo ninguna otra diligencia, ni pericia contable”, expresó al tiempo de afirmar que es un ataque por una cuestión política.
El pasado 15 de enero, Migue Cuevas había logrado la suspensión de su audiencia debido a una apelación pendiente que hace que toda la providencia no esté firme.
En aquella ocasión también fueron suspendidas las audiencias de Nancy De Jesús Florentín de Cuevas y Enzo Miguel Cuevas Florentín, esposa e hijo de Miguel Cuevas, respectivamente.
Según las investigaciones, Miguel Cuevas incrementó su patrimonio de manera desmedida durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario público.
El Ministerio Público constató que el legislador tuvo un ingreso de G. 5.734 millones y un egreso de G. 7.439 millones, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705 millones.
La pesquisa se inició luego de la denuncia del concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, que señala que el ahora parlamentario malversó al menos G. 1.200 millones.
Su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, fue procesada por los supuestos hechos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso.
Mientras que su hijo, Enzo Cuevas, es investigado también por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por aparentes omisiones de bienes y cuentas.
Estas dos últimas personas fueron beneficiadas con medidas alternativas a la prisión.
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