El proyecto original establecía la creación de “una unidad especializada de fiscalización presidida por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, e integrada temporalmente por funcionarios de la Contraloría General de la República, realizará controles de autenticidad, veracidad y completitud de los ingresos y gastos presentados dichas declaraciones juradas y de intereses económicos vinculados, conjuntamente con la colaboración de la SET y la Seprelad delante de cuya inexactitud o falsedad manifiesta debidamente comprobada a través de un debido proceso ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral”.
Con la nueva modificación quedaría exclusivamente a cargo de la Justicia Electoral y en las elecciones generales, el TSJE correrá vista a la Contraloría de la presentación efectuada por el término de sesenta días para la realización de una auditoría de la rendición final.
Mientras que la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero o Bienes coadyuvarán en las actividades de fiscalización realizadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sin que esto impida el trabajo del Ministerio Público, si el hecho así lo amerita.