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Desde el mes pasado, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) tiene un nuevo integrante en su directorio. Se trata de Francisco Manzi Ayala, presidente de seccional de Concepción y precandidato a la intendencia de esa ciudad.
Es el tercer político nombrado bajo el Gobierno de Mario Abdo Benítez en el directorio de la compañía el Estado, que arrastra desde hace varios años pérdidas económicas que rondan los G. 40.000 millones.
Ayer intentamos conocer su tarea dentro del directorio y sobre otras informaciones, pero no nos respondió.
El dirigente colorado figura como proveedor del Estado. En 2017 consiguió tres contratos con la Municipalidad de San Alberto, por valor de G. 1.500 millones. Fueron para la terminación del palacete municipal y de aulas en dos escuelas.
En Copaco, al parecer, su primer trabajo fue conseguir aumento salarial a su hermano Gustavo Manzi, que figura como técnico y trabaja de 13:00 a 19:00. Ingresó en 1988. Hasta setiembre su sueldo era de G. 6.784.000, y desde octubre esa cifra ya trepó a G. 8.374.000.
Si desglosamos ese monto, G. 6.428.000 corresponde a salario básico, G. 600.000 a “productividad”, G. 370.000 a “escolaridad”, G. 800.000 a “antigüedad” y G. 176.633 por rubro de “peligrosidad”.
Otro hermano suyo, de nombre José Manzi Ayala, estuvo involucrado en tráfico de drogas. Cayó en la Argentina, en junio de 2017, en un barco que llevaba 18.000 kilos de marihuana.
Los otros políticos que integran el directorio de Copaco son: Justo Marecos, exconcejal departamental de Central y actual miembro titular de la Junta de Gobierno; y Manuel Torales, quien participó como delegado electoral en internas de los colorados el año pasado.
Los demás miembros del directorio son funcionarios de la misma Copaco: Nilton Amarilla, Miguel Torres Marín y Sante Vallese. Este último preside la empresa.
En salario de miembros del directorio, Copaco gasta unos G. 135 millones al mes y al año suman unos G. 1.625 millones. Los directores perciben G. 19.398.000, 21.084.000 o 21.684.000, y su titular G. 31.784.000.
Auditoría y pérdidas
Según los datos, el pasado 21 de noviembre, el Senado aprobó un pedido de auditoría a Copaco y su subsidiaria Vox. Ayer llegó la nota a la Contraloría.
Entre el 2009 y 2012 (gobierno de Fernando Lugo), la telefónica no tenía directores para evitar gastos y mejorar las finanzas. En esa época, presidía Mario Esquivel, político liberal, que decidió adquirir en 2010 Vox (Hola Paraguay) por US$ 3 millones, pese a que tenía problemas económicos.
Justamente Vox es la que provoca millonarias sangrías económicas a Copaco, año tras año. Le inyectaron dinero de préstamos para compras tecnológicas, que causaron más pérdidas porque las inversiones no tuvieron retorno. Desde su compra, Vox se mantuvo fuera de las leyes que rigen a empresas públicas, mediante un dudoso dictamen del entonces procurador Enrique García.
La compañía telefónica, históricamente ha sido copada por políticos. Les resulta apetecible pese a que hoy ya no es la floreciente empresa de cuando tenía el monopolio de Internet.
Vox sigue fuera de la Ley 2051/03El año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó en su informe incluir a Vox (Hola Paraguay) en el MECIP (Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas) y la 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”.
El presidente de Copaco, Sante Vallese, hasta la fecha no tomó en cuenta lo dispuesto por CGR. Si bien firmó en agosto último un convenio con la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP) para transparentar las compras de Vox, hasta la fecha continúa haciendo en su portal y no en la web de DNCP. Ahora mismo tiene tres licitaciones en curso. Antes de firmar el convenio adjudicó más de 20. No se sabe en qué condiciones, a qué empresas ni qué montos.
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