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La acusación sostiene que los tres no prestaron servicios en la Cámara de Diputado y sin embargo hay registros de que los mismos firmaron planillas de registro de entrada y salida, las cuales fueron certificadas con la firma del legislador para justificar el cobro de sus salarios. Chaparro y Franco figuraban como chofer, mientras que Caballero como secretario privado.
La acusación refiere que “en ningún momento los tres estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados y tampoco en la zona del Parlamento en Asunción en las fechas de sesiones) que obran en la fiscalía), según el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes remitidas por las empresas telefónicas Telecel SA y AMX Paraguay SA, obtenidos de los teléfonos celulares de los citados funcionarios”.
La acusación del fiscal Piñánez enfatiza en que los funcionarios Chaparro y Romero en “el periodo comprendido desde el 1/07/2016 hasta el 28/02/2017 y NERY FRANCO del 4 de octubre de 2016 al 28 de febrero de 2017, habrían firmado planillas de asistencia (entrada y salida), sin que los mismos hayan realizado prestación de servicio alguna en los días arriba señalados, siendo dichas planillas refrendadas con la firma del diputado TOMÁS RIVAS, a fin de que los citados funcionarios puedan cobrar sus salarios, depositados en las cuentas abiertas a dicho efecto en el Banco Nacional de Fomento”.
La fiscalía anticorrupción puntualiza en que todas las planillas de asistencia eran firmadas por el diputado Tomás Rivas, quien certificaba que “los citados funcionarios contratados asistían a las oficinas de la Cámara de Diputados cumpliendo horarios o se encontraban acompañándolo en sus labores legislativas, sin embargo, según la ubicación de las llamadas remitidas por las citadas empresas telefónicas, los mismos no se encontraban prestando servicio alguno en el periodo de tiempo investigado”.
Sigue señalando: “Por lo tanto, la certificación y utilización de dichas planillas indujeron al error a los encargados del pago de salarios en la Cámara de Diputados al pago mensual de salarios a los citados funcionarios sin que exista ninguna contraprestación en concepto de servicios por parte de los mismos, ocasionando un perjuicio patrimonial al Estado Paraguayo”.
Los “caseros” deben afrontar juicio oral y público el 2, 3 y 7 de febrero del 2020.
El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Wilfrido Peralta y Héctor Fabián Escobar.
En el caso de Rivas deberá afrontar una audiencia preliminar, tras la cual se resolverá si el caso se eleva a juicio oral y público.
Este caso se inició el 20 mayo del pasado cuando el fiscal Piñánez presentó imputación.
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