Desactivan protocolo policial ante invasiones y se desalojará en forma inmediata

Los ministros del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y de la Corte, Carolina Llanes, anunciaron esta mañana que “dejan de lado” el protocolo de actuar policial ante las invasiones de inmuebles privados y se procederá directamente al desalojo. Esta medida se toma para intentar desalentar un total de 800 invasiones que hay a nivel país.

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2019-09-19 00:00:00

Tras una reunión mantenida entre representantes del Ministerio del Interior, la Corte Suprema de Justicia y la Unión Industrial del Paraguay, Carolina Llanes y Juan Ernesto Villamayor anunciaron que el protocolo para la actuación de la Policía y de la Fiscalía en casos de invasiones que fue establecido en el año 2012 queda sin efecto.

Llanes dijo que, aunque la Corte tiene la última palabra, este hecho involucra a varios sectores. “Reafirmamos nuestro compromiso de aplicar la Constitución y las leyes dentro del orden de prelación que establece la misma Constitución y no dejarnos llevar por herramientas ajenas al ordenamiento jurídico, como los protocolos (...) que en la mayoría de los casos han obstaculizado el ejercicio oportuno del poder penal del Estado”, añadió.

Por su parte, Villamayor explicó que el protocolo lo único que hizo fue enlentecer la realización de los desalojos y, por ende, impedir que la norma se aplique de forma inmediata. Ahora, con esta medida, la Policía y el Poder Judicial deberán actuar “de forma inmediata”.

Agregó que si la Policía actúa inmediatamente e interviene en la etapa inicial de una invasión, cuando hay pocas personas ocupando el inmueble, se podrá evitar la violencia. Asimismo, destacó que si se cumplen las fases del protocolo sin hacer rápidamente una desocupación se estará “validando” un acto ilegal.

Por otra parte, destacó que actualmente hay 800 invasiones irregulares de terrenos privados en todo el país. El protocolo para proceder a los desalojos implicaba primeramente que la Policía debía intentar pacíficamente una salida con los ocupantes y recién en una tercera fase acudir ante el Ministerio Público para obtener una orden de desalojo, explicó la periodista Perla Silguero.

El protocolo establecía un plazo para la denuncia y, luego de 48 horas, el fiscal debía constituirse en el lugar para conversar con los invasores. En la fase 2 se tiene que recabar informes de la Dirección de Registros Públicos y de las distintas instituciones de Derechos Humanos, ya sea de Policía o de la Fiscalía, y proceder a realizar una “advertencia”.

Recién en fase 3 se procedía a lo que sería el desalojo, lo que llaman “cese de hecho punible”, en que se notifica a los invasores y se procede a la desocupación. Llegar a esta etapa tarda mínimamente un mes o hasta años. Mientras tanto, sigue ocupado el terreno y aumenta la cantidad de ocupantes.