Diputados aprueba eliminar censos para acceder a pensión para tercera edad

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que busca eliminar los censos dentro del proceso para que las personas adultas mayores puedan acceder a la pensión alimentaria. Además, establece la pensión universal para personas con 65 años que no cuenten con otra remuneración.

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2019-09-19 00:00:00

La Cámara de Diputados dio el visto bueno a un proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley 3728, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores y elimina el censo necesario para la identificación de los beneficiarios.

El proyecto propuesto por la diputada colorada Blanca Vargas de Caballero modifica, primeramente, el acápite de la ley y excluye la calificación de “situación de pobreza”.

En su artículo 3, de la universalidad de la pensión, se establece que para recibir este beneficio el único documento necesario es la cédula de identidad que certifique la edad de 65 años y ser residente en el territorio nacional.

También deroga el artículo 8 de la ley, que faculta como institución responsable de la aplicación de la presente ley al Ministerio de Hacienda, Dirección de Pensiones no Contributivas, que, entre otras cosas, coordina acciones con la Secretaría de Acción Social, las Juntas Departamentales y Juntas Municipales para la identificación de los beneficiarios a través de los censos.

En ese sentido, la mayoría de los legisladores coincidieron en que este sistema fomenta el cuoteo político y que, en muchos casos, los parámetros utilizados por los censistas son subjetivos.

Los diputados cuestionaron el trabajo de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, de gobernaciones y municipalidades. “Por tener un casa de material o por vivir en la casa de sus hijos muchos ya no acceden”, refirió el diputado Freddy D'Ecclesiis.

Los principales opositores al proyecto fueron los diputados colorados Del Pilar Medina y Ramón Romero Roa, quienes cuestionaron que no existe respaldo presupuestario para responder a la demanda.

Romero Roa señaló que el proyecto es una mentira y que se aprobará “a sabiendas de que la ley es de cumplimiento imposible”. Apuntó que el Gobierno podría ampliar el déficit presupuestario.

En junio de este año, la Cámara de Senadores aprobó otro proyecto de ley que también modifica artículos 1, 2, 5, 7 y 9 de la misma normativa. El proyecto tuvo sanción ficta la semana pasada sin que sea tratado por los diputados, y pasó al Poder Ejecutivo.

Al respecto, la impulsora del proyecto explicó que el documento del Senado tiene otro espíritu, aunque también establece la inscripción automática para el acceso al beneficio para las personas que cuenten con 65 años.

Ambos proyectos siguen contemplando que no podrán acogerse a los beneficios las personas que reciban remuneración del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o seguro social, o que sean contribuyentes del impuesto a la renta personal (IRP).