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La Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez, reveló ayer que 46 intendencias incumplen la rendición de regalías de fondos “blindados” de Itaipú destinados a obras, educación y merienda escolar.
De acuerdo a la publicación hecha en la fecha por el diario capitalino Abc Color en base a datos proporcionados por la Contraloría General de la República, son dos las administraciones municipales que no han informado en que gastaron los recursos del Fonacide y Royalties que recibieron.
En Bella Vista la administración de Mirka Angélica Arguello (ANR) adeuda los informes sobre los 2 mil 614 millones que recibió del Fonacide y otros 6 mil 987 millones en concepto de Royalties.
El administrador municipal de Karapa’i, Miguel Ángel Benítez Barboza tampoco ridió cuentas de los 1 mil 476 millones recibidos en concepto de Royalties. El informe corresponde a la gestión del segundo cuatrimestre (mayo-agosto) del 2019 y la fecha final para cumplir la rendición entre las 255 intendencias y 17 gobernaciones feneció el lunes último.
El alto incumplimiento de la rendición de cuentas coincide con el inicio de periodo proselitista con miras a las elecciones municipales, comprendiendo las elecciones internas simultáneas del 12 de julio de 2020 y los comicios municipales del 8 de noviembre de 2020.
Otro factor desalentador para la ciudadanía y la transparencia es que la Cámara de Diputados, instancia ante la cual las Juntas Municipales solicitan una intervención por presuntas irregularidades, recientemente blanqueó a decenas de intendentes acusados de malversar los fondos de los royalties y el Fonacide.
Impunidad en Ñeembucú
Precisamente el departamento de Ñeembucú posee la mayor cantidad de intendencias en falta, según el informe de la CGR.
A esto se suma que recientemente concejales municipales de dichos distritos denunciaron que el presidente de la Cámara Baja y legislador por la misma zona, Pedro Alliana (ANR, Cartista), prometió que ningún intendente de Ñeembucú sería intervenido o destituido.
El intendente de Cerrito Patricio Ayala (ANR cartista), fue salvado de la intervención y el de Humaitá Víctor Bordoli (ANR, cartista), fue salvado de la destitución pese a estar imputado por robar chapas y causar la muerte de una menor por retener una ambulancia.
El oficialismo también protege a numerosos intendentes encabezados por la jefa municipal de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR, Añetete).
En total 10 intendentes liberales, tanto efrainistas como llanistas, también incumplen la normativa.
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