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La abogada Cecilia Pérez, quien ayer fue confirmada como nueva viceministra de Política Criminal en reemplazo de María Alejandra Peralta, señaló que al momento de recibir la invitación de parte del ministro de Justicia, Eber Ovelar, para volver a formar parte de dicha cartera el principal pedido que le hizo fue “que le permita trabajar”.
“Yo le dije que necesitaba trabajar en cuestiones concretas, en proyectos. Este ministerio se incendia y aparte de eso tiene un problema de las cuestiones urgentes que se deben ver sobre las cuestiones importantes. Yo necesitaba saber si iba a tener la libertad de trabajar en las cuestiones técnicas porque acá hay que tomar medidas urgentes”, indicó.
Entre algunos de los aspectos que a su criterio deben ser revisados de manera pronta se encuentran las condiciones administrativas que hay dentro del sistema penitenciario, dado que existe una necesidad urgente de paliar el poco personal operativo en las cárceles.
Respecto a este mismo tema, mencionó que uno de los principales problemas tiene que ver con la corrupción imperante. Por ello, considera oportuno empezar un proceso de depuración y luego de eso equiparar los espacios que van quedando libres, pero ya sin meter a operadores políticos o amigos en los diversos cupos.
“No estamos para hacer compensaciones para los amigos en este ministerio y en estas condiciones, esa fue una condición que pedí (al ministro de Justicia)”, afirmó Pérez.
La misma aseguró que se deben tomar medidas a corto y mediano plazo para hacer una contención en todo lo referente al ámbito, aunque también habló sobre proyectar una inversión a largo plazo y dentro de eso impulsar nuevamente la ansiada Reforma Penitenciaria.
Otro de los puntos sobre los que planea enfocarse es en el proyecto de “Instituto de Formación Penitenciaria” cuyo esquema ya había sido diseñado cuando ocupó el cargo de viceministra de Política Criminal durante el gobierno anterior.
En el mismo orden de cosas, habló sobre la necesidad de construir más cárceles, sobre todo porque actualmente se registra una escalada de comisión de hechos punibles y cada vez más personas necesitan ser derivadas a centros penitenciarios para guardar reclusión.
Pérez también se refirió sobre el estado en el que se encuentra la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y sostuvo que “es todo lo que no tiene que ser un centro penitenciario” debido a las múltiples deficiencias por las que atraviesa hoy día, principalmente por el hacinamiento y la superpoblación.
A su criterio, “tarde o temprano” tanto la cárcel de Tacumbú como la del Buen Pastor deberían ser clausuradas de manera definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la mala ubicación geográfica de ambos presidios. “Los centros penitenciarios naturalmente no están en medio de la ciudad, si hay un episodio en el penal puede afectar a toda la zona. Hay ciertas medidas de seguridad extrema que son difíciles de aplicar si estamos en un barrio populoso, especialmente los bloqueadores de celulares, son aparatos muy caros y si uno pone en Tacumbú o el Buen Pastor anula toda la señal de la zona y el vecino no tiene por qué verse afectado”.
La viceministra indicó que hace unos años atrás ya se había hecho una tasación para determinar cuánto podría valer el inmueble de la cárcel de mujeres ubicada en el cruce de Mariscal López y Defensores del Chaco, además de un estudio para calcular cuál era el valor histórico del sitio.
En este caso, el plan contemplaba que el dinero recaudado con una eventual venta de la propiedad pueda ser utilizado para construir una nueva cárcel para mujeres, acorde a las exigencias y necesidades específicas de este sector de la población penitenciaria.
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