Faltan ambulancias, pero hay avión para modelos y artistas

A estas alturas, la ciudadanía ya sabe que el dinero público no solo se roba, sino que también se malgasta a manos llenas, como si este fuera un país opulento que puede permitirse ciertas ocurrencias más o menos costosas. Por si hiciera falta ejemplo, la empresa estatal Petropar aprovechó el Día del Niño para hacer una demostración palmaria de lo antedicho, en violación del art. 4° de la Ley N° 1182/85, que la crea y establece su carta orgánica. Dicha norma se refiere a su objeto y a sus funciones, entre las que no figura, ni por asomo, alquilar un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya para tras- ladar a una planta productora de alcohol a modelos y artistas de un programa televisivo, con el fin de que participen de un festejo infantil. Según su presidenta, Patricia Samudio, el evento formó parte de las acciones de “responsabilidad social” de Petropar con la comunidad de Mauricio José Troche. Ninguno de los artículos de la citada ley habla de ella ni, mucho menos, le autoriza a destinar dinero público para el traslado de unos animadores.

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2019-08-20 00:00:00

A estas alturas, la ciudadanía ya sabe que el dinero público no solo se roba, sino que también se malgasta a manos llenas, como si este fuera un país opulento que puede permitirse ciertas ocurrencias más o menos costosas. Por si hiciera falta ejemplo, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) aprovechó el Día del Niño para hacer una demostración palmaria de lo antedicho, en violación del art. 4° de la Ley N° 1182/85, que la crea y establece su carta orgánica. Dicha norma se refiere a su objeto y a sus funciones, entre las que no figura, ni por asomo, alquilar un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) para trasladar a una planta productora de alcohol a modelos y artistas de un programa televisivo, con el fin de que participen de un festejo infantil. Según su presidenta, Patricia Samudio, el evento formó parte de las acciones de “responsabilidad social” de Petropar con la comunidad de Mauricio José Troche. Ninguno de los artículos de la citada ley habla de ella ni, mucho menos, le autoriza destinar el dinero público para el traslado de unos animadores.

Dado que existiría un convenio entre Petropar y la FAP, sería bueno saber en qué normativa se funda, pues su validez dependerá de que haya sido autorizado expresa o implícitamente por la ley. En otros términos, quien preside la empresa estatal debe justificar el convenio y el contrato celebrados. Patricia Samudio afirma que el avión costó 4.500.000 guaraníes, que los artistas y las modelos cobraron en total 1.200.000 guaraníes y que los juguetes, alimentos y dulces fueron pagados voluntariamente por “operadores, empleados y clientes” de Petropar. Aquí se plantea la cuestión de por qué debió recurrir a ellos para hacer efectiva la “responsabilidad social” que tendría esa empresa pública. Más aún, cabe preguntarse en qué consistirá la contraprestación que seguramente habrán de esperar quienes asumieron una parte de los costos de la diversión, usando a los niños como pretexto. Es muy probable que tanta generosidad sea retribuida oportunamente no solo con las debidas gracias, sino también con algún beneficio tangible.

El actual Presupuesto de Petropar consigna un egreso de 889.280.000 guaraníes en concepto de “alquileres y derechos”, sin mayores detalles. El rumboso festejo del Día del Niño no habrá estado previsto ni siquiera en el anteproyecto, pero de pronto entró a integrar el “espacio para que todos los integrantes de la familia Petropar” participen en sus iniciativas. No sería raro que el “espacio” se amplíe en 2020, en el marco del convenio con la FAP, para incluir los festejos del Día de la Madre y del Día del Padre, siempre con la valiosa asistencia de modelos y animadores televisivos trasladados en un avión militar, y las donaciones de personas vinculadas a la empresa pública. También es de temer que, para no quedar atrás en cuanto a la “responsabilidad social”, la Industria Nacional del Cemento (INC), por ejemplo, firme un convenio con la FAP para que los faranduleros vuelen a Vallemí, a costa suya, para que regocijen a los hijos de sus “operadores, empleados y clientes”, e, incluso, a ellos mismos.

Lo antedicho sirve para ilustrar la enorme discrecionalidad con que actúan los jerarcas de las entidades públicas. Sus respectivos propósitos y funciones les importan un bledo, de modo que podrían celebrar contratos de locación sobre cualquier asunto, so pretexto de “responsabilidad social”. Quizás la Contraloría General de la República pueda echarle un vistazo al que firmaron Petropar y la FAP, aunque más no sea para tomar nota de las responsabilidades asumidas por los contratantes. También sería bueno saber si se firmaron otros contratos ajenos a las tareas que, según la ley, debe realizar Petropar. Si esta empresa estatal incurre en gastos acordes con su ley orgánica, debe financiarlos sin la coparticipación de particulares. Si aceptó la de sus “operadores, empleados y clientes” es porque el festejo nada tenía que ver con las operaciones de la empresa. Siendo así, el desembolso de la suma abonada para el transporte de los animadores fue irregular.

Es admisible que los organismos celebren convenios entre sí, tal como lo hacen la Justicia Electoral y el Ministerio de Defensa para el traslado de urnas al interior del país. En este caso hay, al menos, una actividad financiada con dinero público para un acto de indudable interés general. Si es cierto lo informado por la presidenta de Petropar, parte de los fondos salieron esta vez de bolsillos privados para que ciertas personas, que no ejercen un cargo público, lleguen hasta su planta alcoholera para realizar un trabajo –el de animación– del todo ajeno al objeto de la empresa estatal.

Quienes encabezan las entidades públicas no son sus dueños y deben ajustar sus actuaciones a lo que la ley disponga. La del Presupuesto vigente solo se refiere a la locación de inmuebles en la que el Estado es inquilino, entendiéndose que el inmueble debe ser utilizado para los fines del organismo en cuestión. En ella no se especifican, en el cálculo de ingresos y egresos, el objeto de cada uno de los arrendamientos, lo que parece interpretarse en el sentido de que sus jerarcas tienen carta blanca para acordarlos para lo que se les antoje. Se trata de un disparate que la Contraloría debe impugnar porque implica una desviación de poder, propia de una republiqueta. Es de lamentar que, mientras faltan ambulancias para trasladar enfermos, modelos y artistas se paseen en un avión del Estado, a costa de una empresa pública. El Paraguay ya no está para estos despilfarros.