Doce parlamentarios en la mira del Poder Judicial y la Fiscalía

Legisladores imputados e investigados siguen legislando; uno fue blanqueado, otro está con permiso y en total cuatro sí fueron expulsados, gracias a la presión de la ciudadanía indignada

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2019-06-03 00:00:00

Tener legisladores con problemas judiciales es una constante en ambas Cámaras del Congreso Nacional y también entre los parlamentarios del Mercosur.

En total fueron 17 de este periodo legislativo los envueltos en problemas judiciales por hechos de corrupción y solo una ínfima parte de los mismos fueron castigados por la Justicia y hasta el momento, la sanción política y moral es lo que va en aumento. Doce de ellos siguen en la mira de camaristas, jueces y la Fiscalía.

Cuatro congresistas terminaron apartados de sus cargos como consecuencia de procesos por presuntos hechos de corrupción. El ex diputado José María Ibáñez fue el primero. Renunció tras la ola de indignación que despertó la insignificante sanción que recibió de la Justicia tras admitir haber estafado al Estado.

También ya están fuera los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, procesados por los audios del Jurado de Enjuiciamiento que revelaron el tráfico de influencias. El cuarto es el ex senador Víctor Bogado, recientemente condenado, también con bajo castigo, por el caso de la niñera de oro, Gabriela Quintana, quien obtuvo varios contratos con el Estado.

Otros legisladores también cayeron en escándalos y procesos judiciales, de los cuales siete están imputados, cinco investigados y uno fue blanqueado.

Entre los imputados se encuentran el colorado Tomás Rivas, imputado por hacer figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a tres empleados de sus propiedades privadas. Rivas chicaneó por un año su caso para trancar su desafuero, pero finalmente la semana pasada ya no lo pudo evitar y terminó solicitando él mismo quedar sin inmunidad.

Los parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré también están imputados. Cardozo por presuntos millonarios desvíos bajo su administración en el Ministerio de Agricultura y Duré por haber participado en el negociado de la venta de las tierras de San Agustín al Indert.

También está imputado el senador cartista Javier Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito y falseamiento de datos.

Otro colorado procesado es el diputado con permiso Ulises Quintana, quien guarda reclusión imputado por un supuesto nexo con el narcotráfico.

El diputado liberal Carlos Portillo está imputado por tráfico de influencia y pesa sobre él un pedido de pérdida de investidura. El diputado por el PLRA Teófilo Espínola igualmente está imputado por supuesto daño patrimonial.