El Estado enfrenta uno de los mayores escándalos en educación
La auditoría del Ministerio de Educación destapó un entramado que ya supera los 330 títulos bajo investigación, 550 usuarios no autorizados operando en el sistema, 130.000 movimientos irregulares y 283 funcionarios sumariados. Mientras la denuncia penal ya está en manos de la Fiscalía, el Senado amplía las pesquisas sobre universidades, institutos y organismos públicos para determinar el alcance de uno de los mayores escándalos que golpean al sistema educativo paraguayo.
De las sospechas a una investigación penal
El escándalo de los títulos universitarios presuntamente falsos dio este lunes un giro decisivo. La investigación dejó de limitarse a auditorías administrativas para ingresar plenamente al ámbito penal, luego de que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) remitiera a la Fiscalía los resultados de una extensa investigación interna que expone indicios de un posible esquema organizado de manipulación del sistema de registro de títulos.
La presentación fue realizada por el ministro Luis Ramírez durante una conferencia de prensa junto al senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión Especial del Senado creada para investigar la emisión, comercialización y utilización de títulos universitarios presuntamente falsos.
El informe remitido al Ministerio Público incluye documentación sobre 330 títulos actualmente bajo investigación, la identificación de 13 funcionarios presuntamente vinculados al registro de esos documentos y un volumen de aproximadamente 130.000 movimientos considerados irregulares dentro del sistema informático institucional, efectuados por 550 usuarios que no contaban con autorización para operar en la plataforma.
Un sistema vulnerado desde adentro
Uno de los aspectos más delicados revelados por el MEC es que las irregularidades no responderían a un ataque informático externo.
Según explicó Ramírez, la auditoría descartó un hackeo y apunta a que las operaciones fueron realizadas utilizando credenciales válidas dentro del propio sistema institucional, incluso mediante accesos que permanecían habilitados pese a que algunos usuarios ya no cumplían funciones relacionadas con el registro de títulos.
El ministro aclaró que los 130.000 registros detectados no equivalen a la misma cantidad de títulos falsificados, sino a acciones ejecutadas dentro del sistema en horarios o condiciones que no corresponden al funcionamiento normal del MEC.
Hasta este lunes, el MEC informó que ya son 283 funcionarios sumariados, la cifra más alta registrada desde que comenzaron las pesquisas sobre las irregularidades en el registro de títulos universitarios.
A ello se suma la separación de 13 funcionarios —entre ellos directores y responsables de áreas sensibles— cuyos antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público para profundizar la investigación penal. El propio ministro reconoció que el número de involucrados podría seguir aumentando conforme avance el análisis de la documentación.
El Senado amplía el alcance de la investigación
Mientras la Fiscalía inicia la etapa penal, la Comisión Especial del Senado avanza en una investigación paralela destinada a determinar las responsabilidades administrativas, institucionales y políticas detrás del esquema.
La comisión ya requirió informes al MEC, al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), además de universidades e institutos superiores de todo el país.
Patrick Kemper anunció que en los próximos días continuarán las convocatorias y que incluso se prevé incorporar especialistas de la Contraloría General de la República para colaborar con el análisis de la enorme cantidad de documentación recibida, que ya suma cientos de páginas por cada institución requerida.
Un caso que nació con Hernán Rivas y terminó destapando un problema mucho mayor
El debate nacional sobre los títulos universitarios irregulares cobró fuerza tras las dudas surgidas en torno al título de abogado utilizado por el entonces senador Hernán Rivas.
Sin embargo, las investigaciones posteriores demostraron que el problema trascendía ampliamente ese caso individual.
Durante los últimos meses comenzaron a aparecer denuncias sobre títulos universitarios presuntamente falsificados, registros adulterados, resoluciones supuestamente manipuladas y accesos irregulares al sistema oficial del MEC.
Frente a la magnitud del caso, el Senado instaló el 15 de junio una Comisión Especial con el objetivo de investigar la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones presuntamente falsas en universidades, institutos y organismos públicos.
Una investigación que todavía está lejos de terminar
Aunque los avances presentados este lunes representan uno de los hitos más importantes desde el inicio del escándalo, tanto el MEC como el Senado coinciden en que la investigación recién comienza.
La Fiscalía deberá determinar si las irregularidades detectadas constituyen hechos punibles y establecer las responsabilidades individuales de funcionarios y particulares.
Paralelamente, la Comisión Especial del Senado continuará convocando a autoridades, universidades e instituciones educativas para reconstruir el funcionamiento del esquema y dimensionar cuántos títulos pudieron haber sido expedidos o registrados de manera irregular.
Con la denuncia penal ya formalizada, cientos de funcionarios bajo sumario y una investigación legislativa que amplía cada semana su alcance, el caso de los títulos falsos se consolida como uno de los mayores escándalos institucionales que enfrenta actualmente el sistema educativo paraguayo y uno de los desafíos más importantes para los organismos encargados de garantizar la legalidad de la educación superior.
EL NACIONAL
