Investigación: El millonario esquema oculto de Paredes e Itaipú
La arquitectura del poder en Ciudad del Este se sostiene sobre silencios prolongados y una precariedad jurídica que permite a figuras prominentes capitalizar activos estratégicos. Este informe desglosa cómo una propiedad del Estado terminó convirtiéndose en el objeto de una transacción privada de seis cifras.
La confrontación pública entre la senadora Yolanda Paredes y su colega Javier “Chaqueñito” Vera funcionó como el detonante que expuso este expediente patrimonial. Este choque de relatos, donde la legisladora exigía la pérdida de investidura de Vera por beneficios sociales menores, provocó una contraofensiva política que puso su propio historial bajo la lupa.
El origen del activo: El limbo jurídico del Área 1
Para comprender la gravedad del caso, resulta imperativo retroceder a la génesis de la binacionalidad paraguaya en la década de los ochenta. Los registros oficiales confirman que, en junio de 1984, la Entidad Binacional Itaipú formalizó el alquiler del Lote N° 26 de la Manzana 2 en el exclusivo Área 1 de Ciudad del Este.
Aquel contrato original, firmado por el Dr. Jhan J. Kovacevich, establecía condiciones restrictivas que hoy poseen un valor jurídico determinante. La cláusula cuarta prohibía expresamente ceder el uso del inmueble a terceros, blindando la propiedad bajo el dominio absoluto y soberano de la represa.
Más allá de las restricciones iniciales, el transcurrir de las décadas sumió a este sistema de vivienda funcional en un limbo jurídico donde la desidia institucional fomentó la informalidad. El vacío de titulación permitió que activos estratégicos de la entidad comenzaran a transaccionarse en un mercado informal de derechos y acciones.
Bajo este escenario de ocupaciones toleradas, la actual legisladora de Cruzada Nacional consolidó su vinculación con el estratégico inmueble del Área 1. La posesión de estas tierras, originalmente destinadas al beneficio laboral de los técnicos, se transformó gradualmente en un activo de alta plusvalía inmobiliaria.
La monetización privada y el contrato de 160.000 dólares
Poco antes de iniciar las campañas electorales que la llevarían al Congreso Nacional, la senadora concretó la monetización privada de este bien público. El 1 de diciembre de 2022, Ramona Yolanda Paredes suscribió un Contrato Privado de Cesión de Derechos ante el escribano Juan Gilberto Orella.
El documento certifica la transferencia de la posesión a favor de los ciudadanos Alberto Ariel Ramírez Brítos y Liz María Auxiliadora Aquino. El precio pactado por la simple cesión de la posesión sobre la tierra estatal alcanzó la suma de 160.000 dólares americanos.
Esta operación mercantil se estructuró bajo un cronograma de pagos escalonados que aseguraba la rentabilidad de la entonces candidata antes de su ascenso al poder. Simultáneamente, la transacción autorizaba a los adquirentes a realizar gestiones para la titulación definitiva una vez que la binacional iniciara la enajenación oficial.
No obstante, la relevancia informativa de este contrato trasciende la mera cifra de seis dígitos pactada en la escribanía de Ciudad del Este. La secuencia de desembolsos identificada en el acuerdo coincide directamente con el inicio y el desarrollo del actual mandato legislativo de la senadora.
La omisión sistemática ante la Contraloría
Al jurar como integrante de la Cámara Alta en julio de 2023, la legisladora activó sus obligaciones legales de transparencia ante el Estado. La Ley 5033/13 exige que todo funcionario público detalle con precisión sus activos, incluyendo créditos derivados de contratos privados.
En este sentido, el examen de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DDJJ) revela un vacío documental que interpela la integridad del sistema nacional. En el formulario oficial de asunción al cargo, la senadora omitió el crédito de 110.000 dólares que restaba por cobrar de la venta inmobiliaria.
Este activo financiero debió figurar obligatoriamente como una cuenta a cobrar en el balance patrimonial presentado ante la Contraloría General de la República. La ausencia de este monto sugiere una falta de transparencia sobre la evolución de su estructura financiera real frente al escrutinio ciudadano.
Incluso en la actualización patrimonial realizada en abril de 2024, la legisladora mantuvo el mismo patrón de ocultamiento sobre la operación del Área 1. Al no reflejar el derecho económico sobre la transacción, se configura técnicamente la figura de declaración falsa ante las autoridades de fiscalización.
Cobros en ejercicio del cargo y el conflicto de integridad
El hallazgo de mayor gravedad técnica reside en la percepción efectiva de fondos mientras la senadora ya ejercía su alta responsabilidad pública. Documentos respaldatorios confirman que ingresaron a su patrimonio cuotas de la venta privada durante el ejercicio de su banca parlamentaria.
Los registros identifican ingresos específicos por montos de 10.000 y 20.000 dólares americanos que fluyeron hacia sus cuentas personales entre el año pasado y este 2026. Estos cobros, realizados bajo el amparo de su cargo legislativo, nunca aparecieron en los informes de intereses ni en el flujo de caja declarado.
Por consiguiente, la inconsistencia técnica resulta absoluta al comparar sus ingresos salariales verificados con este flujo de capital paralelo derivado de tierras estatales. Mientras la senadora atacaba la integridad patrimonial de sus adversarios, mantenía en la sombra una estructura de cobros por un activo de la binacional.
El contraste entre el discurso de “ética radical” y la praxis administrativa de monetizar bienes públicos se vuelve, por tanto, el eje de esta investigación. La integridad institucional exige que un representante del pueblo no capitalice para beneficio propio activos que pertenecen al patrimonio de todos los paraguayos.
Finalmente, la Contraloría y el Ministerio Público enfrentan ahora el desafío de auditar estas pruebas documentales que certifican la omisión de activos. La veracidad de los contratos privados y los recibos de cobro representan la verdad material que hoy pone a prueba la vara de la justicia en el Congreso.
La respuesta de Yolanda Paredes: Admisión de omisión y justificación social
Ante la difusión de los documentos, la senadora Yolanda Paredes rompió el silencio en el programa La Pelu, emitido por la 650 AM, calificando la situación de las viviendas de Itaipú como un “problema social antiquísimo”. La legisladora argumentó que en las áreas habitacionales existen miles de familias poseedoras y jubiladas que se encuentran en la misma situación de precariedad jurídica desde hace décadas.
Paredes relató que adquirió la posesión del inmueble en el año 1998 tras pagarle 30.000 dólares a un funcionario jubilado de la entidad, identificado como Lorenzo Ferreira. Según su versión, ella realizó todas las mejoras y remodelaciones con fondos propios, alegando que el valor real de la propiedad con título hoy superaría los 300.000 o 400.000 dólares.
La senadora admitió públicamente que incurrió en un “error” al no incluir el saldo pendiente de la venta en su declaración jurada de bienes. “Fue un detalle que se me pasó por falta de experiencia; debí declararlo como una cuenta a cobrar”, confesó Paredes, aunque minimizó las consecuencias legales de esta omisión técnica.
Durante la entrevista, la legisladora vinculó la aparición de estos documentos con una maniobra política del oficialismo para silenciar sus denuncias en el Senado. Afirmó que utilizó el dinero de la venta para financiar su campaña electoral y que la transacción está bancarizada, descartando cualquier intención de ocultar fondos o cometer actos de corrupción pública.
Finalmente, la Contraloría y el Ministerio Público enfrentan ahora el desafío de auditar estas pruebas documentales y las propias admisiones de la legisladora. La veracidad de los contratos privados y los recibos de cobro representan la verdad material que hoy pone a prueba la vara de la justicia en el Congreso Nacional.
LA TRIBUNA
