El Parlamento Europeo frena temporalmente el acuerdo comercial UE-Mercosur y lo remite a la Justicia
La moción aprobada por la Eurocámara plantea dudas sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados de la UE, especialmente en torno al mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto y al marco legal elegido para su aprobación, que permitiría ratificar ciertos capítulos de carácter comercial sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. Los eurodiputados que respaldaron la remisión al TJUE buscan que la Corte analice si el acuerdo respeta las normas europeas antes de avanzar en su ratificación definitiva.
Hasta que el Tribunal de Justicia emita un dictamen sobre la legalidad del acuerdo, la tramitación parlamentaria queda en suspenso y no puede continuar la aprobación formal del pacto. Según el propio TJUE, este tipo de análisis suele tardar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal puede priorizar el caso si lo considera urgente.
La decisión se produce apenas días después de que la UE y los países del Mercosur firmaran el acuerdo tras más de 25 años de negociaciones que buscaron crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. La Comisión Europea criticó la moción, considerando que ya se habían abordado profundamente las cuestiones planteadas.
El envío del tratado al TJUE también sucede en un momento de alta tensión política en Europa sobre el acuerdo: sectores agrícolas de varios países miembros han expresado fuertes objeciones, advirtiendo que la apertura comercial podría afectar la competitividad y los estándares productivos europeos. En los días previos a la votación, miles de agricultores europeos protestaron ante el Parlamento Europeo, con presencia de tractores y manifestantes de Francia, Italia, Bélgica y Polonia, entre otros, exigiendo un rechazo del pacto.
Además, diversas fuerzas políticas dentro de la UE han cuestionado el proceso de aprobación, argumentando que se debería haber contado con mayor participación de los parlamentos nacionales. Este debate refleja la complejidad de un acuerdo que tiene implicaciones económicas, regulatorias y políticas tanto para Europa como para los países sudamericanos.
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