Docentes confirman que no comenzarán las clases si avanza la reforma de la Caja Fiscal sin cambios
La convocatoria al Congreso para el jueves 5 de febrero fue interpretada por los educadores como una señal de apuro por parte del oficialismo. Desde la Federación de Educadores del Paraguay, su representante Silvio Piris afirmó que los sindicatos esperan que se escuchen las propuestas alternativas presentadas por los trabajadores del sector, pero advirtió que, de no ocurrir eso, la respuesta será una medida de fuerza contundente.
Según explicó, la protesta no se limitará solo a los docentes. A la movilización anunciada para el día del debate legislativo se sumarían profesores universitarios de distintas filiales del país, familiares de policías y militares, personal retirado de las fuerzas públicas, algunos magistrados y trabajadores del área de la salud. El objetivo, señaló, es demostrar que el rechazo al proyecto no se circunscribe únicamente al sector educativo.
Piris cuestionó la forma en que el Congreso pretende avanzar con la reforma y sostuvo que el tratamiento acelerado busca evitar el impacto político que tendría un conflicto al inicio de clases. En ese sentido, fue tajante al afirmar que, si la ley se aprueba sin modificaciones, los gremios impulsarán acciones para dejarla sin efecto y no descartan exigir su derogación.
Uno de los puntos que genera mayor resistencia es la intención de establecer una edad mínima de jubilación que oscila entre los 57 y 62 años para docentes, fuerzas públicas y magistrados, un requisito que actualmente no rige para estos sectores. A esto se suma el desacuerdo en torno al aporte estatal a la Caja Fiscal: mientras el proyecto plantea inicialmente un respaldo cercano al 3%, los educadores reclaman que ese porcentaje sea sustancialmente mayor.
La tensión se incrementó aún más tras las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla, quien lanzó duras críticas contra los docentes del sector público. La legisladora los calificó de "burros" y "privilegiados" por oponerse a la reforma y sostuvo que, sin los cambios propuestos por el Gobierno, el sistema jubilatorio está condenado a colapsar, dejando sin cobertura a los propios trabajadores en el futuro.
En este escenario, el conflicto por la Caja Fiscal se perfila como uno de los principales focos de presión política y social en las próximas semanas. Con el inicio del año escolar en el horizonte y un Congreso decidido a avanzar con el proyecto, el país se encamina a un nuevo pulso entre el Gobierno y los gremios, con la educación pública nuevamente en el centro de la disputa.
