CONCEPCION: Auditoría detecta 9 expedientes “inventados” para entrega de vehículos robados en depósito judicial
Durante su exposición, Jiménez Rolón calificó la situación como llamativa, grave y absolutamente irregular la manera en que aparentemente el aparato judicial se movilizó a efectos del presunto blanqueo de vehículos robados en el vecino país y hacerlos pasar como legales ya en territorio nacional.
Si bien no ha concluido la auditoría, tenemos elementos de juicio importantes porque se informa que fueron hallados nueve expedientes en los cuales, dice, «Llama la atención la forma en relación a las adjudicaciones de automotores en calidad de depositario judicial, dado que algún en algunas resoluciones eran en formato papel en fechas en que ya se encontraba operativo el expediente judicial electrónico.
» Es decir, se ha procedido a la invención de un expediente en formato papel que obviamente no existía en el modo normal en que funcionan los juzgados actualmente y como guinda de la torta, se encuentra un pedido firmado por la jueza de aquel entonces Honorina Acosta, pidiendo que se le entregue a ella un vehículo en depósito judicial, estando su cargo cubierto por un juez interino, este juez le entrega a la jueza titular a quien estaba interinando el vehículo solicitado.”, afirmó Jiménez Rolón ante sus pares en sesión de hoy.
Por otra parte insistió en que las investigaciones que se están haciendo, tanto en el Ministerio Público como a nivel de auditoría, “surgirán elementos de juicio importantes que nos determinarán qué medidas tomar. ”
“Son cuestiones verdaderamente escandalosas, presidente, que yo no podía dejar de poner en conocimiento de los ministros de la Corte, a pesar de que esto todavía está en trámite y supongo que en los días sucesivos surgirán otras novedades.”
Antecedente
Una presunta red de corrupción institucional en la circunscripción judicial de Concepción, fue denunciado ante la Fiscalía General. El esquema salpica a la ex magistrada Honorina Acosta; la actuaria Rossana Isabel Coronel y los fiscales Epifanio Anastacio Joel Díaz Ferreira, Celso René Morales Fernández y otros. El modus operandi consistía en la entrega de vehículos de alta gama robados en Brasil, en carácter de depositario judicial, a efectivos de la Policía Nacional y agentes de la SENAD.
El caso se supo a partir de un procedimiento realizado en la ciudad de Fernando de la Mora, donde el suboficial de policía José Antonio Grance fue demorado tras un hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre.
El uniformado estaba al mando de una camioneta Toyota Fortuner año 2019. El rodado circulaba con la chapa WHFZ868, que según los registros oficiales pertenece a otra camioneta con distinto número de chasis.
Al requerirse los antecedentes del vehículo, Grance exhibió una resolución (Auto Interlocutorio N.º 256) por la cual supuestamente se le otorgaba la custodia judicial del bien, en el marco de una causa por tentativa de feminicidio. Sin embargo, la verificación en el sistema informático Judisoft y en los archivos físicos determinó que el A.I. N.º 256 correspondía en realidad a una orden de allanamiento dictada en un proceso totalmente distinto por robo agravado y toma de rehenes. Además, en la causa de origen no existía acta de incautación del rodado, ni registro del mismo en las cámaras de seguridad incorporadas al expediente.
En la denuncia igualmente se menciona que se presentó en la Secretaría del Juzgado, el abogado Pedro Colmán, quien manifestó ser abogado del propietario del rodado (denunciado en Brasil), y refirió que se trataría de una persona de nacionalidad brasileña, domiciliada en el Estado de Maceió y que estaba aguardando la documentos y poder correspondiente para pedir la devolución del rodado (Toyota Fortuner), sin que hasta la fecha del informe de la actuaria del juzgado, el abogado haya hecho presentación escrita alguna.
EL OBSERVADOR
