¿Cómo será la presencia militar de EE. UU. en Paraguay?
El documento ingresó oficialmente durante la sesión de la Comisión Permanente y será derivado a las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores, donde podría ser tratado en una sesión extraordinaria pese al receso parlamentario que se extiende hasta marzo.
El convenio fue firmado semanas atrás por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y forma parte de la agenda bilateral orientada, según ambas partes, a reforzar la cooperación contra el crimen organizado y a mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias humanitarias.
De acuerdo con el texto remitido al Congreso, el acuerdo establece el marco legal bajo el cual se desenvolverá el personal estadounidense que participe en entrenamientos, ejercicios conjuntos, visitas de buques, misiones operativas o acciones humanitarias en territorio paraguayo. En ese sentido, se fijan derechos, obligaciones y una serie de privilegios que colocan a dicho personal en una situación similar a la de agentes diplomáticos.
Entre los puntos más sensibles figura la jurisdicción penal, ya que el acuerdo reconoce a Estados Unidos la competencia para juzgar a sus efectivos por hechos ocurridos en Paraguay en el marco de las actividades previstas. A esto se suman exenciones de impuestos, tasas y aranceles para bienes, equipos, aeronaves, buques y vehículos, así como la libre circulación de medios de transporte vinculados a las operaciones contempladas.
El texto también prevé facilidades amplias para los contratistas estadounidenses, que podrán operar sin restricciones impositivas ni administrativas locales, con reconocimiento automático de licencias y permisos. Asimismo, se autoriza el uso de instalaciones acordadas, el almacenamiento de equipos, el desarrollo de entrenamientos y la operación de sistemas de telecomunicaciones y frecuencias sin costo para la parte norteamericana.
Desde el Gobierno se insiste en que el acuerdo no vulnera la soberanía nacional. Tras la firma, Rubio sostuvo que el entendimiento "respeta la soberanía de Paraguay", al tiempo de crear condiciones para un trabajo conjunto más ágil, con intercambio directo de información y capacidad de respuesta coordinada ante escenarios críticos.
El documento establece además que cada país asumirá la responsabilidad por los daños causados por su propio personal, mientras que cualquier controversia derivada de la aplicación del acuerdo será canalizada por la vía diplomática. La entrada en vigencia quedará supeditada al canje de notas y a la aprobación interna de ambos Estados.
En paralelo, el Senado ya analiza otro instrumento firmado con Estados Unidos, vinculado a la adquisición de armas y servicios de defensa por parte del Ministerio de Defensa Nacional. Ese memorando, suscrito en mayo del año pasado, cuenta con dictámenes tanto a favor como en contra en las comisiones legislativas, y también prevé exenciones tributarias y procedimientos de contratación especiales, lo que añade presión política a un escenario ya cargado de cuestionamientos.
La remisión del acuerdo SOFA reabre un debate de fondo en el Congreso y en la opinión pública sobre el alcance de las inmunidades otorgadas, el equilibrio entre cooperación internacional y control soberano, y el rol que Paraguay está dispuesto a asumir en la estrategia regional de seguridad impulsada por Estados Unidos. En los próximos días, la discusión legislativa marcará el pulso de una decisión que trasciende lo técnico y se instala de lleno en el terreno político.
EL NACIONAL
