El planteamiento, que es discutido desde hace varios años y que inclusive ya tiene como antecedente la presentación en el Senado de un proyecto confeccionado por el senador Sergio Godoy, salta al “tapete” de manera urgente ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y debido a una fuerte presión ciudadana y del sector privado, que también exigió “sacrificios” al sector público. Del encuentro también participó Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien encabezó la convocatoria como representante del Ejecutivo junto con el ministro Benigno López, propuso la conformación de una comisión bicameral del Congreso Nacional en la que se acerquen todos los proyectos provenientes tanto de la sociedad civil como de la clase política. De esta manera, los legisladores podrán tener participación directa y en el análisis de las diferentes propuestas de reforma del Estado junto al Equipo Económico del Ejecutivo.
Se espera que los partidos políticos también remitan al Ejecutivo sus respectivas propuestas y se fijó un plazo de 15 días para volver a la mesa de diálogo. Después se evaluará si solo grupos pequeños trabajarán sobre todos los planteamientos.
“Realmente hemos escuchado bastantes ideas y todos estamos de acuerdo con que es el momento de una reforma estructural del Estado. Pasaron muchos gobiernos de distintos signos políticos y todos tuvimos esta idea, y desde la clase política nos encargamos de que esto no ocurra por una u otra razón y hoy, como dice el papa Francisco, todos estamos en el mismo barco y nos necesitamos para salir de esta crisis. Hoy es el mejor momento de llevar adelante esta reforma”, indicó Velázquez.
POSTURA DE LA ARP
Por su parte, el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, apuntó al recorte de los privilegios “tan odiados” y expresó su deseo de que el debate no se centre solo en los simples discursos de las campañas políticas. “Nosotros escuchamos buenas ideas, buenas intenciones, también mucho patriotismo, mucha camiseta albirroja, pero yo me pregunto qué vamos a hacer. Esto es inmediato, nuestro pueblo está sufriendo, puede morir y acá estamos debatiendo ideas muy hermosas, pero yo digo que debemos sacar los privilegios tan odiados, apretar el cinturón público”, dijo.
“Esto hace décadas se viene hablando, pero en vez del achicamiento del Estado se crean otras instituciones y va creciendo; la reforma debe coincidir en lo que quiere el pueblo, debemos sacar algo concreto y no los simples discursos porque me hace acordar cuando uno está en campaña política, primero los lindos discursos y después no hacemos nada”, sentenció.
VOLPE, DE LA UIP
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, dijo al finalizar que “la crisis es sinónimo de oportunidad y el COVID-19 nos genera la oportunidad de corregir las cuestiones que están mal hechas. Yo creo que el principal problema del país se llama la informalidad, que no le permite a Hacienda recaudar lo que debe recaudar y que compite de forma desleal con el sector privado. Y hablo del contrabando que impide que todas las empresas se desarrollen para captar las manos de obras que tenemos y que el papá Estado se hace cargo de recibirlos. Ese es el problema que tenemos y se llama clientelismo político”, sostuvo.
RECORTES IRÍAN HASTA FIN DE AÑO
El recorte de salarios superiores a G. 37 millones puede extenderse todo el año, dependiendo de la situación que se tenga en el país, señaló en la mañana de ayer el ministro de Hacienda, Benigno López. El secretario de Estado explicó que esta medida será aplicada durante los meses de abril, mayo y junio, cuya decisión también alcanza a los funcionarios de las binacionales Yacyretá e Itaipú.
Benigno López aclaró que los recortes aplicados serán redireccionados a otros objetos de gasto, principalmente para el sector de salud, atendiendo el escenario del país ante la pandemia del COVID-19. Señaló que los recursos recortados ya no serán devueltos y que si los funcionarios afectados así lo requieran, se deberá realizar una adenda a la ley del PGN para introducir los recursos de nuevo y así hacer una ampliación del mismo, lo cual no ve factible. “Los consejeros y los directores de las binacionales tomaron bien la disposición; el tema es cómo se desenvuelve hacia abajo”, dijo.
Agregó que la suma de los descuentos dentro de la función publica ronda los US$ 4 millones. Explicó que si todo vuelve a la normalidad en los próximos 3 meses, los mismos tendrán sus salarios íntegramente.
“Dejemos de lado los viejos vicios estructurales”
El titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, dijo ayer que “ahora tenemos que preocuparnos del incendio y de las leyes que hagan a ese incendio. Hay que hablar de una reforma estructural del país, me parece importante hacerlo. Debemos plantearnos seriamente la construcción de una casa nueva para todos, en donde dejemos de lado los viejos vicios estructurales y tengamos un sistema mucho más eficiente, transparente y barato para conseguir una mayor eficiencia”, dijo. “Me llamó la atención al momento de la invitación hablar de reforma en una crisis. Como les dije a algunos asistentes, parecería que ahora estamos en una situación de incendio de una casa en la que nos planteamos hacer una casa nueva”, sostuvo.
“Ya no podemos meter funcionarios alegremente”
El diputado Basilio Núñez, de Honor Colorado, dijo que “yo le escuché a mucha gente hablar de planilleros y es el momento de copiar lo bueno y desechar lo malo, recordar que solamente con 3 presidentes, en un período de 10 años, nosotros aumentamos a 80 mil funcionarios públicos desde el 2003 hasta el 2008, después el gobierno de la Alianza y en la época de Federico Franco”, sostuvo.
“Ya no podemos seguir metiendo funcionarios públicos alegremente, debemos buscar una fórmula; si se retiran 3 funcionarios públicos, por ejemplo, que luego entre uno. Hay que poner a esto un número; yo no estoy de acuerdo con recortes populistas, sino ver esto por instituciones”, dijo.